La política hondureña vuelve a ser escenario de alianzas que encienden las alarmas, especialmente para aquellos que aún claman por justicia y transparencia.

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal, se encuentra bajo un intenso escrutinio por su aparente cercanía y construcción de una unidad política con el Partido Nacional de Honduras.

Esta movida, para muchos, es una clara señal de ignorancia política o, peor aún, una ambición desmedida de poder que podría arrastrarlo hacia la misma corrupción y fraude que él mismo denunció en el pasado.

En un contexto de crecientes alertas sobre un posible fraude en las próximas elecciones generales, el diputado y líder político del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Jari Dixon Herrera, lanzó una contundente advertencia a Nasralla a través de su cuenta de X:

«Si cree Nasralla que el fraude que pretenden montar es para beneficiarlo a él, está muy equivocado, los cachos no trabajan para otros«, dijo Dixon Herrera.

La advertencia de fraude resuena en el CNE

El consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, lanzó una advertencia contundente sobre posibles intentos de fraude en las elecciones generales de 2025, al tiempo que denunció presiones e irregularidades dentro del ente electoral.

Ochoa recordó que la Ley Electoral establece que la divulgación de resultados preliminares debe ser aprobada por consenso unánime de los tres consejeros del CNE, y advirtió que no aceptará ninguna imposición o intromisión política que vulnere ese principio legal.

“El pueblo no permitirá que se le imponga un fraude electoral como en 2013 y 2017. Ese modelo no puede ser aceptado”, declaró Ochoa.

“Vamos a seguir luchando hasta que se respete la ley y hasta que revirtamos cualquier intento de regresión democrática”, añadió.

El consejero fue enfático al rechazar el modelo de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) promovido por las consejeras Cossette López (Partido Nacional) y Ana Paola Hall (Partido Liberal), el cual —según dijo— pretende centralizar y manipular actas desde Tegucigalpa, despojando de autoridad a las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

“La Ley Electoral en ninguna parte dice que antes de que se divulgue un resultado debe intervenir un humano. Eso es una intromisión y una usurpación de funciones. Solo las Juntas Receptoras pueden certificar los resultados”, explicó, señalando que el modelo que pretenden imponer sus colegas viola el artículo 279 de la Ley Electoral.