El diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, continuará bajo arresto domiciliario luego de que un juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara la solicitud de la defensa para modificar sus medidas cautelares.
El argumento principal para la negativa fue que la fianza de 70 millones de lempiras ofrecida no era suficiente, dada la magnitud del presunto fraude.
Márquez, junto a otros nueve exfuncionarios, es acusado de fraude y violación a los deberes de los funcionarios en un caso que, según la CSJ, involucra un perjuicio al Estado que asciende a 300 millones de lempiras.
La acusación contra el diputado se centra en supuestas asignaciones de contratos irregulares para la construcción de una carretera valorada en 35 millones de lempiras.
Los abogados de Márquez anunciaron que presentarán un recurso de reposición y una apelación para agotar todas las instancias legales.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con la investigación, la cual señala que el monto total del presunto fraude podría superar los 3,000 millones de lempiras.
Un paso hacia la rendición de cuentas
La decisión de mantener al diputado Nelson Márquez en arresto domiciliario, a pesar de la cuantiosa fianza ofrecida, es un claro indicio de que la lucha contra la corrupción en Honduras está tomando un nuevo rumbo.
Por mucho tiempo, la impunidad ha sido un obstáculo en el sistema judicial, pero en este caso, parece que la firmeza de la justicia está prevaleciendo sobre los intereses políticos y económicos.
Este veredicto envía un mensaje contundente:
Nadie está por encima de la ley. A medida que la investigación avanza y se revelan más detalles del presunto fraude, que podría ascender a miles de millones de lempiras, la confianza de la ciudadanía en las instituciones se fortalece.
Este es un hecho crucial para un país que busca dejar atrás la corrupción y construir un futuro más transparente y equitativo.
