Ante las denuncias difundidas de fraude y “golpe” electoral en Honduras, el pueblo aún tiene una alternativa real para enfrentar y derrotar esa imposición: exigir la nulidad del proceso.

Cuando un proceso electoral queda marcado por señalamientos de manipulación, injerencias externas y múltiples irregularidades, no basta con pedir “paciencia” ni con aceptar que “ya pasó”. La democracia no se sostiene sobre el cansancio de la gente, sino sobre la legalidad, la transparencia y el respeto a la voluntad popular. Si esas bases se quebraron, entonces lo justo y lo necesario, es reponer el proceso mediante los mecanismos que la ley y la Constitución permita.

Por eso, la nulidad no debe verse como una consigna más, sino como la exigencia central para que el pueblo pueda reclamar justicia frente a lo que muchos consideran una elección viciada desde su raíz. No es un capricho: es una salida política y jurídica para detener la normalización de lo irregular, y para enviar un mensaje claro de que en Honduras no debe premiarse el abuso ni la trampa.

Además, es clave que el pueblo no caiga en la idea de que “esto ya terminó”. La lucha continúa hasta el final, y hoy esa lucha tiene una tarea concreta: organización, movilización y demanda de nulidad. Organización para sostener el reclamo con fuerza social; movilización para demostrar que la indignación es colectiva y no aislada; y demanda de nulidad para que el conflicto se encauce hacia una salida que haga valer los derechos ciudadanos.

Este momento exige firmeza y claridad: si hubo ilegalidades, deben tener consecuencias. Si la voluntad popular fue alterada, debe repararse. Y si el poder pretende imponerse sin legitimidad, el pueblo tiene el derecho de responder con lo más poderoso que posee en democracia: unidad, presión popular y exigencia de justicia por vías pacíficas.

La historia la cambian los pueblos cuando deciden no rendirse. Y hoy, ante un proceso cuestionado, la alternativa sigue en pie: nulidad, verdad y dignidad.