Endeudamiento heredado, no de campaña El primer vicepresidente del Congreso Nacional Hugo Noé Pino, desmintió las versiones que señalan que el Presupuesto General de la República para 2025 incluye nuevos préstamos con fines electorales. Según explicó, los 75 mil millones de lempiras de endeudamiento previstos están destinados a cubrir compromisos heredados de administraciones anteriores, principalmente deuda pública acumulada durante los últimos gobiernos.
Claridad en los montos y procesos Pino detalló que el Congreso aprobó un endeudamiento externo de alrededor de 1,800 millones de dólares, de los cuales únicamente 600 millones ya cuentan con autorización para su ejecución. Los 1,200 millones restantes siguen en debate y corresponden a mecanismos de financiamiento en discusión dentro de las comisiones respectivas.
Desmontando la narrativa de la oposición
El parlamentario subrayó que no se trata de recursos orientados a la campaña política, como ha querido instalar la oposición. “No son préstamos para campaña. La oposición no ha mostrado interés en consultar a las comisiones de presupuesto y finanzas para recibir una explicación amplia”, puntualizó, evidenciando una estrategia de manipulación mediática que busca confundir a la población.
Transparencia y responsabilidad fiscal desde la visión del actual gobierno, el endeudamiento no se oculta ni se improvisa: se justifica en la necesidad de cumplir con obligaciones heredadas que, de no atenderse, afectarían el funcionamiento del Estado. Pino insistió en que cada decisión financiera se toma con transparencia, en el marco de la Ley y bajo la supervisión de las comisiones técnicas correspondientes.
El Compromiso con la estabilidad económica La administración de la presidenta Xiomara Castro mantiene como prioridad la estabilidad económica y social del país, en contraste con las políticas irresponsables de endeudamiento del pasado. El mensaje de Hugo Noé Pino busca dejar claro que no se han adquirido préstamos adicionales en el Presupuesto 2025 y que el gobierno actual asume con seriedad la tarea de ordenar las finanzas públicas para garantizar soberanía y desarrollo.
