En un escándalo que sacude la Municipalidad de San Pedro Sula, en el que el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra una presunta red de corrupción que habría desfalcado más de 45.5 millones de lempiras.
La acusación se centra en contratos fraudulentos, tráfico de influencias y lavado de activos, vinculando a funcionarios, exfuncionarios y, de manera prominente, a Steven Fajardo Vargas, yerno y asesor legal del alcalde Roberto Contreras.
Este caso ha desatado una ola de reacciones en la política hondureña, con funcionarios de diferentes expresando su indignación y señalamientos a los que se han autoproclamado promotores anticorrupción.
Reacciones en redes sociales y declaraciones de funcionarios
La noticia ha provocado una inmediata y fuerte reacción en el ámbito político. Miguel Antonio Briceño Agurcia, Gabriel Bonilla y Javier Fernández, este último Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, han utilizado sus plataformas para condenar los actos.
Gabriel Bonilla, Subgerente General de HONDUTEL, cuestionó en su cuenta de X a quienes se autodenominan «salvadores de Honduras», aludiendo al bipartidismo y calificando este caso como un reflejo de su modus operandi de «robar, robar y robar».
Bonilla también criticó la falta de pronunciamiento de organizaciones como el CNA y la ASJ, señalando un supuesto sesgo al afirmar que «solo contra LIBRE se pronuncian».
En contraste, defendió al partido LIBRE, asegurando que este ha separado y denunciado a quienes han cometido actos de corrupción.
En la misma línea, Nelson Castellanos, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), se sumó a las críticas contra el CNA, cuestionando su silencio ante este caso.
Por su parte, el abogado y Secretario de Estado, Javier Fernández, calificó la acusación como un «acto de justicia» para los sampedranos.
En su publicación, destacó que el requerimiento fiscal expone una red que ya había sido denunciada por funcionarios cercanos al mismo alcalde, y sugirió que podría haber más actos de corrupción en la municipalidad.
Detalles del requerimiento fiscal
Según el MP, la red de corrupción operó entre julio de 2023 y abril de 2024, utilizando 33 contratos irregulares.
La mayoría de estos contratos fueron fraccionados para evadir los procesos de licitación pública, siendo adjudicados 26 de forma directa y 7 en licitación privada.
Las investigaciones señalan que los proyectos, en su mayoría de mejoramiento vial, nunca se ejecutaron o carecen de evidencia de avance.
Entre los acusados se encuentran Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, vinculados a la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., la cual habría recibido los fondos fraudulentos.
El requerimiento fiscal también implica a varios ex y actuales funcionarios municipales por los delitos de fraude, violación de deberes, tráfico de influencias y lavado de activos.
El MP sostiene que el dinero fue transferido de las cuentas de HERCOD a otras controladas por los acusados principales, y parte de los recursos, más de 5.9 millones de lempiras, fue entregado en efectivo a Fajardo Vargas, consolidando el esquema de lavado.
Las autoridades han asegurado que las investigaciones continuarán para identificar nuevas responsabilidades y recuperar los fondos públicos desviados.
