El Congreso Nacional de Honduras, aprobó una histórica ley que regula la organización, moderación y transmisión de los debates presidenciales, con el objetivo de garantizar transparencia, inclusión y el acceso equitativo de la ciudadanía a la información política durante las elecciones.

Esta ley, impulsada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, promete cambiar la manera en que los hondureños se informan y participan en el proceso electoral.

La Ley de Organización y Transmisión de Debates Presidenciales establece reglas claras para la realización de los debates, poniendo énfasis en la imparcialidad y en la representación de diversas voces del país. La ley también asegura que los debates sean transmitidos en cadena nacional, garantizando que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación o condición económica, tengan acceso a los eventos en vivo.

Además, los debates se transmitirán en plataformas digitales y redes sociales, permitiendo la interacción directa con los candidatos.

Uno de los puntos más importantes de la ley es la creación de una Comisión de Debates Presidenciales, compuesta por representantes de universidades, medios de comunicación y expertos en procesos electorales, que será la encargada de coordinar los eventos y asegurarse de que se cumplan las reglas de respeto y civilidad. Esta comisión también organizará sorteos para determinar el orden de intervención de los candidatos y garantizará que todos tengan las mismas oportunidades de expresarse.

El gobierno de Xiomara Castro, ha puesto un énfasis especial en la inclusión, garantizando que los debates sean accesibles para personas con discapacidad auditiva mediante el uso de intérpretes de lengua de señas y subtítulos en tiempo real. Además, se buscará asegurar que las zonas rurales y más alejadas también tengan acceso a la transmisión de los debates, utilizando tecnología adecuada.

Esta medida refuerza el compromiso del gobierno con una democracia más transparente y participativa, donde todos los hondureños, sin importar su situación, puedan informarse y tomar decisiones fundamentadas en los comicios. La ley, que incluye sanciones a medios que no cumplan con la obligación de transmitir los debates, marca un paso importante para fortalecer la democracia en el país.