Nuevos Jueces para combatir Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción

La Presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, ha autorizado recientemente la juramentación de tres jueces para el Circuito Judicial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Esta medida, en cumplimiento de los compromisos asumidos para enfrentar delitos contra el medio ambiente, bienestar animal, urbanísticos y patrimonio cultural, subraya la importancia de una respuesta judicial robusta y especializada.

Los jueces designados desempeñarán sus funciones en tres localidades estratégicas: Mario Alberto Flores Funez en Puerto Lempira, Gracias a Dios; David Alfredo Díaz Díaz en La Ceiba, Atlántida; y Noris Ofelia Bueso Torres en Juticalpa, Olancho. Estos nombramientos son fundamentales para fortalecer la administración de justicia en regiones clave del país.

La decisión está respaldada por el Acuerdo No. CSJ-3-2024, que amplía la competencia objetiva y territorial del Circuito Judicial en materias de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. Este cambio responde a la urgente necesidad de abordar eficazmente los delitos ambientales y conexos que impactan negativamente en Honduras.

Cada juez del circuito tendrá competencia en todo el territorio nacional, con la capacidad de gestionar todas las etapas del proceso penal, ya sea que los delitos sean cometidos por individuos o grupos organizados. Las sedes principales estarán ubicadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, con la posibilidad de establecer nuevas sedes según la demanda.

El Poder Judicial reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción. Estos nombramientos son cruciales para garantizar una justicia pronta, efectiva y gratuita, alineada con los estándares internacionales y los derechos fundamentales de la población.

La iniciativa refuerza la capacidad del sistema judicial para adaptarse a las necesidades actuales del país, asegurando una administración de justicia eficiente y equitativa que defienda tanto el medio ambiente como la salud pública.

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