En una acción histórica en defensa de los derechos humanos, la CICESCT y la OABI firmaron un acuerdo que permitirá usar bienes incautados al crimen organizado para brindar refugio y atención a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de trata de personas y explotación sexual comercial.

Este acuerdo permitirá, por primera vez, la apertura de una Casa Refugio oficial, utilizando bienes decomisados al crimen organizado, a través de la figura legal del comodato.

“Con este convenio, estamos cumpliendo el mandato de la presidenta Xiomara Castro, quien ha puesto a los más vulnerables en el centro de su gestión. Esto es por y para las víctimas, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de trata y explotación”, señaló Sua Martínez, titular de la CICESCT.

Los espacios estarán equipados con bienes muebles e inmuebles previamente incautados, lo que permitirá brindar atención psicológica, médica, legal y social a quienes más lo necesitan.

Desde la OABI, su director Marcos Zelaya destacó que este paso marca “un antes y un después en el uso social de los bienes incautados”, y que este modelo se alinea con la Ley de Privación de Dominio y la Ley contra la Trata de Personas de Honduras.

“Estamos obligados a responder a quienes han sido víctimas de estas redes criminales. Los bienes del crimen ahora serán herramientas de protección y dignidad”, declaró Zelaya.

Este avance forma parte de la estrategia del gobierno de Honduras, bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro, para fortalecer el enfoque de derechos humanos y luchar de frente contra las estructuras criminales que promueven la trata y la explotación.

Con esta iniciativa, el gobierno de LIBRE envía un mensaje contundente; las víctimas no están solas. El país avanza hacia un modelo de justicia restaurativa, donde los recursos del crimen se convierten en protección, dignidad y esperanza para quienes han sido dañados.