Informes de misiones de observadores electorales, tanto nacionales como internacionales, han sido objeto de un creciente y ácido cuestionamiento por parte de líderes políticos y sectores de la sociedad civil hondureña.

La crítica central apunta a la superficialidad y la falta de profundidad en sus análisis, ignorando deliberadamente o minimizando al extremo tres elementos sistémicos de la crisis electoral y política del país:

Dramática injerencia externa particularmente la asociada a la administración de Donald Trump), las anomalías documentadas en el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), y el silencio cómplice ante las amenazas directas de estructuras criminales contra la dirigencia del partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE).

La percepción que se consolida en vastos segmentos de la población es la de una misión cumplida burocrática, más preocupada por certificar una paz aparente que por la verdadera salud democrática de la nación.

Una de las denuncias más contundentes radica en la omisión sistemática del repudio a la notoria injerencia de actores externos de alto nivel en procesos electorales cruciales.

A pesar de la evidencia pública y las declaraciones oficiales de funcionarios de la anterior administración estadounidense, liderada por Donald Trump, que abiertamente favorecieron a un candidato sobre otro o presionaron por resultados específicos, los informes de las misiones de observación han mantenido un silencio sepulcral.

• El Vínculo con Trump: La dirigencia crítica señala que la inacción de los observadores respecto a esta presión de alto perfil invalida la premisa de soberanía y equidad del proceso. La injerencia no solo se manifestó en discursos, sino que influyó en la distribución de apoyo logístico y político, creando un campo de juego desigual.
• Doble Estándar: La crítica subraya el doble estándar. Mientras las misiones son rápidas en señalar pequeñas irregularidades técnicas o la compra de votos a nivel local, se muestran paralizadas para condenar la intromisión de una potencia extranjera, considerada un factor de desestabilización democrática mucho mayor.

El TREP el agujero negro del fraude tecnológico

Otro flanco de la crítica se centra en el manejo del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP). Las denuncias persistentes de un fraude blando o tecnológico en el cómputo, a través de fallas intencionales en la conectividad, el ingreso de datos erróneos o la manipulación del software, han sido desestimadas por los observadores como incidentes aislados o problemas técnicos.

• Evidencia Ignorada: A pesar de los informes de expertos locales que detallaron la falibilidad y la falta de auditoría independiente del TREP, las misiones principales (como la OEA o la UE) se limitaron a validar los resultados finales sin emprender una investigación forense profunda de la plataforma tecnológica. En los hechos, ningún informe incluyó la palabra fraude o manipulación intencional en su análisis del sistema, prefiriendo términos como retrasos o falta de capacitación.
• Causa y Efecto: La desconfianza en el TREP ha sido una causa constante de las crisis postelectorales en Honduras, un hecho que los observadores parecen ignorar al certificar la confiabilidad del proceso sin abordar la raíz de las denuncias de manipulación.

El silencio ante las amenazas de estructuras criminales

Quizás la omisión más alarmante y peligrosa es el cuestionable silencio de las misiones de observación ante las amenazas abiertas y documentadas de estructuras criminales y maras contra la dirigencia del partido LIBRE, el partido que actualmente ostenta el poder.

• Intimidación Política: La seguridad personal de líderes políticos es un pilar de la democracia. La dirigencia de LIBRE ha denunciado en repetidas ocasiones que líderes de las maras están siendo utilizados para intimidar, extorsionar y amenazar a sus cuadros y bases en zonas estratégicas, afectando su capacidad de movilización y control territorial.
• La No Cuestión: Resulta incomprensible para los críticos que, en un país con altos índices de violencia y donde el crimen organizado ha penetrado la política, ningún informe de observación haya cuestionado o dedicado un apartado significativo a estas amenazas directas, limitándose a condenar la «violencia política general» sin señalar a los presuntos responsables o las víctimas específicas. Al no hacerlo, el informe omite un factor que distorsiona el ambiente democrático de manera violenta y fundamental.

Este patrón de omisiones no es inocuo. Al pasar por alto las grandes irregularidades injerencia de Trump, fraude del TREP y las amenazas violentas mareros contra LIBRE, los informes de las misiones de observación pierden credibilidad ante el ciudadano hondureño, quien percibe que sus preocupaciones fundamentales han sido ignoradas. La consecuencia inmediata es el debilitamiento de la confianza en la institucionalidad electoral y la validación de un proceso que se considera viciado de origen.

La sociedad civil exige ahora que futuras misiones superen el papel de meros notarios y asuman un rol de fiscalización profunda, obligándose a incluir en sus informes finales un análisis directo y sin eufemismos sobre la injerencia externa, la confiabilidad real de los sistemas tecnológicos de conteo, y el impacto de la violencia del crimen organizado en la vida política de Honduras.

Las críticas persistentes y fundamentadas al papel de las misiones de observadores electorales en Honduras revelan un problema sistémico que va más allá de la simple fiscalización de un evento. Lo que apuntan a un fracaso en la profundidad y alcance de su mandato, privilegiando la estabilidad superficial sobre la justicia democrática.