La directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Mariana Ríos, explicó en una conferencia de prensa que un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), respalda la necesidad urgente de aprobar la Ley de Justicia Tributaria.
El informe, publicado el 18 de julio, evalúa por primera vez la capacidad de Honduras para compartir y recibir información tributaria de acuerdo con los estándares más altos a nivel internacional. Esta evaluación forma parte del proceso de adhesión al Foro Global sobre Transparencia Fiscal, donde Honduras es miembro desde 2019.
Según el informe, Honduras necesita hacer varios cambios importantes para cumplir con estos estándares, entre ellos se encuentran:
- Garantizar la disponibilidad de información sobre el beneficiario final de las sociedades mercantiles.
- Asegurar que la administración tributaria tenga un control, registro y actualización de la información sobre beneficiario final.
- Garantizar el acceso a información bancaria.
- Ratificar “lo antes posible” la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC, por sus siglas en inglés).
- Garantizar que el Estado tenga acceso y la custodia efectiva de la información contable, tributaria, accionaria y financiera de las personas jurídicas.
Mariana Ríos advirtió que si Honduras no hace estos cambios, corre el riesgo de ser incluida en listas negras internacionales de países que no colaboran en temas fiscales o que están en riesgo de lavado de dinero. Esto dañaría seriamente la imagen del país y afectaría la posibilidad de recibir inversiones, préstamos internacionales y cooperación técnica.
Además, recordó que en 2026 Honduras será evaluada nuevamente, esta vez por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y que el país ya se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a aprobar leyes que garanticen transparencia, como la identificación del beneficiario final y la ratificación de la Convención MAAC.
Por eso, el Gobierno de LIBRE reafirma su compromiso de combatir la corrupción, mejorar la transparencia y avanzar con leyes modernas como la Ley de Justicia Tributaria.
Respuestas de Mariana Ríos a los medios durante la conferencia de prensa
Durante la conferencia, Mariana Ríos fue clara al señalar que hay sectores en el Congreso Nacional que se oponen firmemente a la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. Según ella, al negarse a apoyar esta ley, también están impidiendo que el país avance en la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y la opacidad fiscal.
Recordó que más de 160 países ya han firmado convenios internacionales para compartir información tributaria, y Honduras sigue entre los pocos que no lo han hecho. Esta negativa dijo no es por falta de información, sino por una falta de conciencia y voluntad de cambio.
Además, también mencionó que un grupo conservador dentro del Congreso esté frenando este avance porque no quiere perder los privilegios que existen en el sistema actual. Aseguró que la ley fue ampliamente discutida, incluso modificada después de escuchar a empresarios y representantes de diferentes sectores.
Más de 40 reuniones se realizaron para socializar la ley, lo que demuestra que no es una propuesta impuesta, sino construida en conjunto. Sin embargo, aun con todos esos cambios y consensos, sigue sin aprobarse por intereses particulares.
Otro punto que destacó fue que la ley no quitará de inmediato los beneficios a las empresas que están dentro de regímenes especiales. Al contrario, respetará los derechos adquiridos y solo al finalizar esos plazos se invitará a las empresas a pasarse a nuevos modelos más justos.
La intención aclaró que no es dañar al sector privado, sino promover una competencia más equitativa, donde todos los empresarios tengan las mismas oportunidades y donde los grandes también paguen impuestos como lo hacen los trabajadores comunes.
Empresas que gozan de beneficios fiscales sin control
Asimismo, recordó que en Honduras existen más de 300 mil empresas, pero solo unas 500 gozan de beneficios fiscales sin control, lo que afecta directamente a los pequeños negocios que sí pagan impuestos.
Muchos empresarios poderosos no paguen ni el 3% en impuestos, mientras los asalariados llegan a pagar entre el 15% y el 25%. Esta situación injusta señaló impide que el país avance y perjudica a quienes más esfuerzo hacen para salir adelante. Por eso insistió, “los ricos también deben pagar impuestos”.
Explicó que no tener acceso a información tributaria o no compartirla con otros países, deja al país fuera de los espacios de cooperación y lo encierra en el aislamiento fiscal. Si de verdad se quiere atraer inversión extranjera y desarrollo económico, es necesario romper con ese modelo desigual y aprobar de una vez por todas la Ley de Justicia Tributaria.
La directora del SAR, concluyó haciendo un llamado a los grupos económicos que presionan en el Congreso Nacional para frenar esta ley. Les pidió reflexionar y apoyar una legislación que busca acabar con los privilegios fiscales injustos.
