Un conglomerado de más de una decena de organizaciones campesinas, indígenas, urbanas y ambientalistas presentó formalmente una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la anulación total del proceso de escrutinio general de las elecciones, exigiendo que se convoque a nuevos comicios.

El abogado y apoderado legal de las organizaciones, Pedro Mejía, afirmó que el peor crimen que se puede cometer es «el crimen que se comete en contra de la voluntad popular», y señaló que el actual desarrollo electoral imposibilita corroborar la transparencia del voto.

Fallas estructurales y sin mecanismos de corrección

Mejía indicó que la decisión de solicitar la nulidad se basa en la constatación de «graves fallas en este proceso electoral» y en la falta de certeza y transparencia en la transmisión de datos.

«Al momento de trasladarse mediante este sistema automatizado no hay certeza, no hay transparencia, ni mecanismos adecuados de verificación y corrección de los datos equivocados que estaría trasladando,» afirmó Mejía.

El abogado argumentó que los fallos son de magnitud tan grave que «afectan estructuralmente todo el proceso y afectan integralmente el resultado», justificando la petición de reponer las elecciones.

El recurso jurídico se ampara específicamente en la Ley Electoral, citando la causal de caso fortuito, argumentando que las fallas del sistema TREP imposibilitan que el escrutinio se lleve a cabo bajo las garantías de transparencia necesarias.

Denuncian injerencia de Trump y «traición a la patria»

Adicionalmente, las organizaciones denunciaron que los fallos estructurales en el sistema y los comportamientos inadecuados asumidos desde la institucionalidad se corresponden con la injerencia internacional impulsada por Donald Trump.

Mejía señaló que las fallas y el sistema beneficiaron directamente al candidato que el presidente estadounidense «ungió en sus mensajes comunicados».

El jurista advirtió que este tipo de maniobras ilegales podrían constituir delitos graves con responsabilidad penal.

«Hay delitos que pueden ir desde traición a la patria por garantizar, por promover y por imponer voluntades extranjeras, particularmente la voluntad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,» sentenció el abogado.

Otros posibles delitos citados son la manipulación o adulteración de material electoral.

El camino a seguir: jurídico y movilización

Mejía espera que el CNE emita una resolución admitiendo a trámite la solicitud en un plazo de tres días. Además, solicitaron medidas provisionales para paralizar los «comportamientos inadecuados» que, de no detenerse, podrían recaer en una situación de «imposible reparación».

En caso de recibir una negativa por parte del CNE, el camino jurídico siguiente sería interponer un recurso de apelación. Sin embargo, el abogado destacó que el reclamo fundamental de las organizaciones territoriales es la organización y la movilización, la esencia para «revertir decisiones que han sido tomadas con poder político violento, abusivo y corrupto».

Mejía finalizó recordando que el CNE eliminó una garantía crucial de transparencia: la posibilidad de verificar que la cantidad de votantes registrados en el sistema biométrico coincidiera con la cantidad de votos en el acta receptora, lo que ha facilitado la tergiversación de los resultados.