La Secretaría General de la Presidencia de Argentina se encuentra en el centro de la polémica tras conocerse que mercadería incautada en la Aduana, destinada originalmente a atender emergencias sociales, habría sido entregada a fundaciones y organizaciones vinculadas a dirigentes libertarios cercanos a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei.

Entre los artículos distribuidos se mencionan zapatillas, ropa, teléfonos celulares e incluso repuestos de aeronaves, lo que ha generado preocupación dentro del propio gobierno.

El reparto de estos bienes está bajo la coordinación de Lule Menem, señalado en informes por favorecer a organismos estatales y ONGS alineadas con el oficialismo libertario. De acuerdo con las denuncias, entre los beneficiados se encuentra el exintegrante del grupo Ráfaga, Mauricio Davico, amigo de Martín Menem, quien recibió más de diez donaciones para su ciudad, Gualeguaychú.

También aparece la Fundación Gea-Madre Tierra, vinculada a la familia del diputado Lisandro Almirón en Corrientes, que recibió tres entregas con artículos de alto valor, como repuestos aeronáuticos y más de 21 mil equipos electrónicos.

La polémica crece porque algunas de estas organizaciones no realizan tareas benéficas, sino actividades políticas, como charlas y talleres, lo que cuestiona la finalidad del uso de los llamados “rezagos aduaneros”. La falta de transparencia en la asignación de estos bienes abre interrogantes sobre la legalidad y la ética en el manejo de recursos que deberían atender a los sectores más vulnerables del país.

Otro caso que se suma es el del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, ligado a Patricia Bullrich, que habría recibido más de tres mil artículos de primera necesidad. Para críticos dentro y fuera del gobierno, este patrón de distribución revela un manejo voluntario de los bienes públicos, en el que priman los intereses políticos antes que la responsabilidad social.

El escándalo en la Aduana amenaza la imagen de Karina Milei y deja en evidencia una práctica que, según analistas, podría tener consecuencias judiciales. La tensión se centra en el contraste entre lo que la normativa exige apoyar emergencias sociales con estos recursos y lo que parece ser un esquema de favores políticos que compromete la transparencia de la administración pública.