Oxfam ha publicado un nuevo informe en el que denuncia que la mayor parte de la riqueza de los milmillonarios no proviene del esfuerzo individual, sino de un sistema de saqueo y explotación. La organización destaca cómo la acumulación de capital tiene raíces coloniales y cómo, aún en la actualidad, persisten mecanismos de extracción injusta de recursos y riqueza desde el sur global hacia el norte global.

Según Oxfam, cada hora, el 1% más rico del norte global extrae 30 millones de dólares del sur global, perpetuando un modelo económico basado en la desigualdad. Esta transferencia de riqueza evidencia la falta de equidad en el sistema financiero internacional y el papel de las grandes corporaciones y élites económicas en la profundización de la brecha entre ricos y pobres.

La urgencia de cambiar el sistema financiero

El informe de Oxfam hace un llamado a reformar el sistema financiero internacional, subrayando que las reglas actuales benefician desproporcionadamente a los más ricos. La organización enfatiza la necesidad de transformar el modelo económico para garantizar una distribución más justa de la riqueza y evitar que las naciones en desarrollo sigan perdiendo recursos esenciales para su crecimiento y bienestar.

Una de las principales propuestas del informe es la implementación de impuestos más altos a los más ricos, argumentando que la justicia fiscal no es solo una cuestión económica, sino una herramienta de transformación social. Oxfam insiste en que una tributación progresiva ayudaría a reducir las desigualdades y permitiría a los gobiernos financiar programas sociales esenciales en salud, educación e infraestructura.

La propuesta de Oxfam resuena con las políticas impulsadas por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien ha abogado por medidas de justicia fiscal para reducir la desigualdad y fortalecer el desarrollo del país. La ley busca evitar la evasión fiscal, asegurando que las grandes empresas contribuyan de manera justa al crecimiento del país. Además, pretende fortalecer las finanzas públicas para invertir en salud, educación e infraestructura, beneficiando a la población en general y reduciendo las desigualdades económicas.