El gobierno de los Países Bajos exigió una investigación exhaustiva e independiente tras un ataque aéreo israelí contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, que dejó al menos 20 personas muertas, incluidos cinco periodistas y personal médico.
“Los civiles nunca deben ser blanco”, expresó el Ministerio de Exteriores neerlandés a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter). “Es necesario hacer todos los esfuerzos posibles para investigar cómo pudo ocurrir esta tragedia”.
Entre los fallecidos se encontraban los periodistas Mohammed Salama y Mariam Abu Daqa, colaboradores de la agencia rusa RIA Nóvosti. El canal Al Jazeera confirmó también la muerte de otros tres reporteros durante el bombardeo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó más de 50 heridos y daños severos a las instalaciones médicas, incluyendo unidades de urgencias, cirugía y hospitalización.
El llamado de Países Bajos incluyó también una petición directa a las autoridades israelíes para permitir la entrada de medios de comunicación independientes a la Franja de Gaza, con el objetivo de garantizar cobertura segura y sin restricciones.
“La pasividad internacional es alarmante”, denunció Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, la agencia de la ONU para refugiados palestinos, quien criticó el silencio de los países frente a lo que considera violaciones graves del derecho internacional humanitario.
Este nuevo ataque ocurre en medio del conflicto desatado desde el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamás lanzaron un ataque sin precedentes contra Israel, dejando alrededor de 1.200 muertos y más de 200 rehenes, según cifras oficiales. Como respuesta, Israel activó la operación Espadas de Hierro, una ofensiva militar que ha dejado más de 62.000 palestinos muertos, la mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza.
A casi un año del inicio del conflicto, la comunidad internacional continúa dividida. Pero voces como la de Países Bajos marcan una creciente presión para investigar posibles crímenes de guerra y proteger a la población civil en medio de una crisis humanitaria que no da tregua.
