En una movida histórica y decisiva, la Presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, ha anunciado una serie de medidas contundentes contra la violencia y el crimen organizado durante la reciente sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). En el marco de estas nuevas políticas, se destaca la calificación de las actividades delictivas de maras y pandillas como actos de terrorismo.
El punto donde resalta al Congreso Nacional deberá reformar el Código Penal, para que las personas que pertenezcan a maras, pandillas y bandas del crimen organizado que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionado con estos delitos, sean calificadas como terroristas.
Asimismo, se ordenó la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables. De igual forma, establecer el control y recuperar el orden en los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias y barrios en las zonas que representan mayor incidencia criminal.
Estas medidas representa un paso significativo en la lucha del gobierno hondureño contra la creciente ola de violencia que ha afectado al país durante décadas. Al redefinir las acciones de estas organizaciones criminales como terrorismo, el gobierno pretende aplicar sanciones más severas y movilizar recursos adicionales para combatir estas amenazas de manera más efectiva.
«La decisión de la presidenta Castro marca un hito en nuestra historia, fortaleciendo el marco legal y operativo para enfrentar el crimen organizado,» declaró un el Secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez. Ya que, al calificar las acciones de las maras y pandillas como terrorismo permite al Estado utilizar estrategias más robustas y recursos más amplios para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos.
Entre las medidas adoptadas, se incluye la intensificación de operativos de seguridad en áreas de alta incidencia criminal, la implementación de tecnologías avanzadas para el monitoreo y persecución de actividades ilícitas, y la colaboración estrecha con organismos internacionales especializados en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, bajo la dirección de la presidenta Castro, está comprometido a erradicar la influencia de estas organizaciones y restablecer la paz y la seguridad en las comunidades hondureñas. Esta decisión ha sido recibida con apoyo tanto a nivel nacional como internacional, destacando la determinación del gobierno para abordar uno de los problemas más urgentes y complejos del país.
Estos grupos delictivos se han convertido en dueños de sus comunidades, dedicándose a los delitos de extorsión, asaltos, secuestros siendo así un obstáculo para el desarrollo económico y un problema de seguridad nacional.
Por eso el gobierno del Socialismo Democrático, hace esfuerzos grandes para devolverle la paz que nos han quitando en los últimos 12 años, con medidas frontales a corto, medio y largo plazo .
