A menos de un mes de las elecciones generales, el Partido Liberal de Honduras (PLH) se encuentra en el centro de la polémica por difundir encuestas no autorizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que supuestamente favorecen a su candidato presidencial, Salvador Nasralla.
De acuerdo con información verificada, en los últimos meses dirigentes y candidatos liberales compartieron resultados de estudios atribuidos a firmas internacionales y supuestos centros de investigación. Sin contar con el registro ni aval oficial del CNE, requisito obligatorio para la publicación de encuestas en periodo electoral.
Entre las encuestas más difundidas figura la de la empresa estadounidense Expedition Strategies, que colocaba a Nasralla liderando la intención de voto.
Sin embargo, el sitio web de la compañía no muestra clientes hondureños ni estudios recientes en Centroamérica, y el enlace al informe oficial —replicado por medios como Radio Cadena Voces e ICN Digital— se encuentra inactivo, lo que ha generado fuertes dudas sobre su autenticidad.
En octubre, el Partido Liberal también promovió una encuesta atribuida al Instituto de la Justicia, un “think tank” ligado a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Aunque la ASJ se presenta como un organismo independiente, su dirección ha sido señalada por incluir figuras cercanas a antiguos dirigentes del Partido Nacional, lo que despertó cuestionamientos sobre la neutralidad de sus resultados.
Más recientemente, dirigentes liberales publicaron los supuestos resultados de una empresa llamada VotoMx, que otorgaba a Nasralla un 39.8 % de intención de voto.
No obstante, no existen registros comerciales, redes sociales ni página oficial que confirmen la existencia de dicha encuestadora en Honduras o México. Usuarios en redes sociales detectaron incluso inconsistencias gráficas entre la imagen divulgada y materiales de empresas mexicanas con nombres similares, evidenciando un posible intento de simulación o manipulación informativa.
El CNE reiteró que solo las encuestadoras debidamente inscritas y certificadas pueden publicar resultados de intención de voto, y advirtió que difundir estudios falsos o sin ficha técnica completa constituye una falta grave, que puede acarrear sanciones legales y administrativas.
Este episodio se suma a las tensiones políticas preelectorales entre el Partido Liberal y las autoridades electorales, mientras el órgano rector insiste en defender la transparencia y la veracidad de la información que circula en medio del proceso electoral más vigilado de los últimos años.
