¿Hipocresía o Incoherencia?

El Partido Liberal de Honduras (PLH), está en el ojo del huracán por su reciente rechazo a la extensión del estado de excepción, una medida implementada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro para combatir la creciente criminalidad.

Esta postura ha generado una ola de críticas, especialmente porque los precandidatos presidenciales del PLH, Salvador Nasralla y Jorge Cálix, han manifestado en el pasado su intención de replicar las políticas de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conocido por su enfoque agresivo contra el crimen.

Desde la entrada en vigor del estado de excepción en diciembre de 2022, el país ha visto avances importantes en la reducción de la violencia, con una disminución notable en los homicidios. En 2024, se registró la tasa de homicidios más baja en dos décadas, con 25.38 muertes por cada 100,000 habitantes.

Nasralla y Cálix, ¿Compromiso o Pura Palabra?

Lo que ha sorprendido a muchos es que Nasralla y Cálix, quienes previamente elogiaron las políticas de seguridad de Bukele, ahora se oponen al estado de excepción, a pesar de que ambos se han comprometido públicamente a implementar un «plan Bukele» para erradicar la extorsión y garantizar la seguridad en Honduras. Nasralla ha insistido en que su gobierno seguiría la misma línea dura que el presidente salvadoreño, mientras que Cálix ha afirmado que hará “eso y más” para asegurar la paz en el país.

Esta contradicción ha dejado a muchos hondureños preguntándose: ¿realmente están comprometidos con la lucha contra el crimen o están simplemente jugando a la política para ganar puntos en la arena electoral? El PLH argumenta que el estado de excepción compromete los derechos humanos y propone en su lugar soluciones basadas en justicia social y el fortalecimiento de las instituciones, pero ¿es eso suficiente para frenar el avance del crimen organizado?

La politización de un tema tan delicado como la seguridad pública es irresponsable y peligrosa. Nasralla y Cálix no solo obstaculizan las acciones del gobierno para proteger a los hondureños, sino que también envían un mensaje de desinterés por la seguridad de la población. Al bloquear la extensión del estado de excepción, parece que están priorizando sus intereses electorales sobre la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

La contradicción de Nasralla como un político que se presenta como honesto y comprometido con el país, se pone en duda al bloquear medidas que han demostrado ser eficaces en la reducción de homicidios. Al final, ¿será que Nasralla y Cálix realmente están defendiendo a los hondureños o solo están favoreciendo a los grupos criminales que tanto daño le han hecho al país?

El pueblo hondureño merece líderes comprometidos con su seguridad, no políticos que anteponen sus intereses personales a las necesidades urgentes de la nación. La seguridad no debe ser un tema de manipulación política, y el gobierno actual ha demostrado que las medidas duras, aunque polémicas, están funcionando.