Tras que se confirmara la noticia sobre el otorgamiento de un indulto por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al narcotraficante y expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, alias «JOH», se abre un nuevo capitulo para la historia en nuestro país, al abrirse la oportunidad que sea nuestra justicia quien se encargue de juzgarlo por el delito de narcotráfico, así como por el rosario de delitos cometidos en su administración, entre ellos los electorales y traición a la patria.

Informes indican que fue ayer lunes 1 de diciembre, que oficialmente fue anulada la condena de 45 años de cárcel impuesta por la justicia federal, y que el abogado defensor de Hernández asistió al recinto carcelario para acompañarlo a su libertad.

La decisión de Trump genera una profunda controversia, pues contraviene la postura de su propia administración y la de múltiples agencias estadounidenses encargadas de la lucha contra el narcotráfico, resultando en una total hipocresía y falta de credibilidad en la justicia de ese país.

El narcotraficante hondureño fue hallado culpable el 8 de marzo de 2024 de cargos de narcotráfico y armas.

Durante su juicio, la corte de Nueva York documentó cómo Hernández, como jefe del Congreso y luego presidente, subvirtió las instituciones del Estado hondureño, incluyendo al Ejército y la Policía, poniéndolas al servicio de organizaciones criminales.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), Hernández y sus cómplices traficaron más de 400 toneladas de cocaína a través de Honduras durante su mandato (2014-2022).

La oportunidad de justicia en Honduras contra JOH

El indulto estadounidense tiene una consecuencia directa e histórica: abre la oportunidad para que la justicia hondureña se encargue de juzgar a Hernández por los delitos cometidos en el país, especialmente aquellos que no fueron parte del proceso de extradición.

El expresidente, que controló el poder durante más de una década (2010-2022), enfrenta un «rosario de delitos» pendientes, siendo el más grave el de Traición a la Patria y diversos cargos de corrupción.

Se documentó que entre 2010 y 2022, el Ministerio Público (MP) recibió al menos 32 denuncias contra JOH. Sin embargo, ninguna fue procesada por el entonces fiscal aliado Óscar Fernando Chinchilla, lo que irónicamente facilitó su extradición a EE.UU. en abril de 2022, al no existir procesos abiertos que la obstaculizaran.

El reto de la traición a la patria

El delito de traición a la patria es central en las denuncias pendientes. Hernández enfrenta al menos tres acusaciones públicas por:

• Reelección Presidencial Ilegítima: Por promover la inaplicación del artículo constitucional que prohíbe la reelección (2016).
• Venta del Territorio: Por impulsar las reformas para dar vida a los Regímenes Especiales de Desarrollo (RED), luego ZEDE (2012).

Estos delitos políticos, que fueron ignorados en su momento, ahora tienen la vía libre para ser investigados y judicializados por el Ministerio Público y el Poder Judicial de Honduras.

La urgencia del proceso es respaldada por el gobierno actual. La presidenta Xiomara Castro recientemente se pronunció sobre el tema, demandando castigo.

“El Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia deben actuar con plena independencia frente a aquellos que traicionaron la patria, aquellos que vendieron nuestro territorio con las ZEDE, aquellos que rompieron el orden constitucional… y aquellos que dictaron ilegalmente sentencia para la reelección de Juan Orlando”, expresó la mandataria.

El regreso de JOH a la jurisdicción hondureña, impulsado por el polémico indulto de Donald Trump, pondrá a prueba la capacidad de las instituciones de justicia del país para procesar un caso de corrupción y narcotráfico de una magnitud inédita.

Narcotráfico financió fraudes electorales de JOH en 2013 y 2017

Durante el juicio contra JOH, se revelaron los fraudes en los comicios electorales de 2013 y 2017, y hasta el pago de pandilleros para agitar las movilizaciones y justificar el uso de la fuerza.

El documento abre señalando que al menos desde el año 2000, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional, “han apoyado y facilitado el narcotráfico generalizado a cambio de sobornos masivos para apoyar sus campañas y enriquecerse”.

Para la campaña electoral de 2013, el cártel de Sinaloa habría proporcionado un estimado mínimo de US $2,300,000.00. Mientras que también habría recibido a través de Yankel Rosenthal unos US $250,000 procedente de Carlos Lobo, otro traficante de drogas que trabajaba para el cártel de Sinaloa, para un total de US $2,550,000, según revela el documento.

Estas no habrían sido las únicas fuentes de financiamiento proveniente del narcotráfico a las que habría accedido Hernández. En estas se incluyen también fondos proporcionados por Leonel y Javier Rivera, líderes de la banda de Los Cachiros, quienes discutieron apoyar la candidatura del entonces presidente del Congreso Nacional durante una fiesta de cumpleaños de quien en ese momento era el presidente de Honduras, Porfirio ‘Pepe’ Lobo. 

“Los Rivera discutieron el apoyo a la campaña de Juan Orlando mediante el uso del dinero de las drogas para pagar sobornos en los lugares de votación en el departamento de Colón”, detalla el documento In limine de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Posterior a esta reunión, Los Cachiros, según la fiscalía estadounidense, habrían proporcionado un estimado de 300 mil lempiras al diputado Óscar Najera, los cuales serían destinados a “apoyar la campaña de Juan Orlando sobornando a trabajadores electorales en Colón”, departamento que servía de base a Los Cachiros y que era representado por Nájera ante el Congreso Nacional.

De acuerdo a lo referido por Los Cachiros, Hernández prometió a Nájera la presidencia del Congreso Nacional si este era electo presidente de Honduras.

Pero, Colón no fue el único departamento en el que se pagó sobornos para cometer fraude electoral. El documento especifica que CW-1 viajó con los hermanos de Hernández, Amílcar y Marcos, a pueblos de Copán donde Hernández no era apoyado.

Sumado a esto, “CW-1 también conoció a un ingeniero que se encargó de cerrar los servidores para el tribunal electoral, conocido como Tribunal Supremo Electoral, que se encargaba de certificar los resultados de las elecciones para que el conteo de votos pudiera ser manipulado a favor de Juan Orlando”.

El documento señala que si bien Ricardo Álvarez, otro precandidato presidencial del Partido Nacional, apeló los resultados de las elecciones primarias de 2012, acusando a Hernández de fraude y pidiendo un reconteo. En ese momento, la Corte Suprema de Justicia de Honduras ya estaba repleta de jueces leales a Hernández, quienes rechazaron la apelación de Álvarez.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York especificó que una vez en la presidencia de la República, Juan Orlando Hernández continuó abusando del poder, aceptando sobornos provenientes del narcotráfico y consolidando su poder a cambio de permitir que los traficantes de drogas operaran con impunidad en Honduras, pese a una representación pública de lo contrario.