En un movimiento audaz y profundamente democrático, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca oficialmente a una Consulta Popular para el próximo 7 de agosto de 2025 marcando un hito en la historia política reciente de Colombia.
Este acto no solo es una respuesta al bloqueo sistemático del Congreso frente a las reformas sociales propuestas por el gobierno. Sino también una reivindicación de la soberanía popular como herramienta legítima de transformación.
Tras décadas de gobiernos que ignoraron el clamor de millones de trabajadores, campesinos y sectores excluidos, el primer gobierno progresista y de izquierda del país pone en manos del pueblo las decisiones clave para el futuro: salud, trabajo digno, justicia social y pensiones justas. Estas reformas, abandonadas por más de 30 años, se abren camino ahora no desde los escritorios del Congreso, sino desde la voz de la ciudadanía.
“Este es el momento del pueblo, vote sí o vote no, el Presidente de la República acatará lo que decida Colombia el 7 de agosto”, declaró Petro, reafirmando su respeto por el poder constituyente del pueblo y su compromiso con una democracia participativa y real.
La consulta incluirá 12 preguntas sobre temas esenciales como:
- Reducción de la jornada laboral a ocho horas.
- Pago justo por trabajo en domingos y festivos.
- Licencias por salud, incluyendo cólicos menstruales.
- Eliminación de la tercerización laboral.
- Salarios dignos para los trabajadores del campo.
- Promoción de contratos laborales a término indefinido.
Estas propuestas habían sido hundidas en el Senado el 14 de mayo con una votación que el gobierno calificó de fraudulenta (49 votos contra 47). Provocando la indignación de sindicatos y movimientos sociales. Ante esta situación, el presidente actuó. Exigió a su gabinete firmar el decreto o dejar sus cargos, mostrando que el proyecto de cambio es innegociable.
“Si el Congreso no legisla para el pueblo, entonces que lo haga el pueblo mismo”, señaló Petro. Esta acción se basa en el artículo 2 de la Constitución y será revisada por la Corte Constitucional, a la cual ya fue enviado el decreto.
Desde los años 90, cuando se aprobó la Constitución del 91 que prometía un Estado Social de Derecho, nunca se habían concretado con fuerza mecanismos reales de participación directa como este. Hoy, Petro cumple esa promesa.
Organismos internacionales como la OIT han respaldado estas reformas, destacando que representan un avance para la dignidad laboral y la justicia social. Además, el apoyo masivo de intelectuales, sindicatos y organizaciones populares ha dado fuerza a esta iniciativa, que ya ha encendido el debate nacional.
Este miércoles, el mandatario llegará a Cali para acompañar una gran movilización convocada por sindicatos y organizaciones sociales que respaldan la consulta. Las calles se preparan para ser otra vez el escenario de la esperanza.
Con esta decisión, el gobierno de Gustavo Petro no solo desafía a una élite política que frena el cambio, sino que abre las puertas a un nuevo contrato social basado en la participación, la equidad y la justicia. El futuro de Colombia está en manos del pueblo.
