El Poder Judicial confirmó la presentación de una demanda ordinaria en materia civil por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) contra un total de 97 personas que presuntamente participaron en la destitución ilegal de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012.
Los magistrados destituidos habían declarado inconstitucional la Ley de Depuración Policial y la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo (ZEDE).
Cabe mencionar que, tras la destitución de los magistrados se procedió al nombramiento de los sustitutos: Silvia Trinidad Santos, Víctor Manuel Lozano, Germán García García y José Elmer Lizardo Carranza, mismos que formaron parte del plan para aprobar tiempo después, la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández.
El director de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, detalló que la demanda asciende a un monto aproximado de 54 millones de lempiras y se interpone en la figura de «repetición».
El expresidente y narcotraficante convicto “JOH” entre los demandados
Entre los 97 ciudadanos demandados se encuentra el expresidente del Congreso Nacional en 2012 y posterior Presidente de la República, Juan Orlando Hernández.
La demanda busca que los congresistas asuman la responsabilidad económica por la decisión tomada el 12 de diciembre de 2012 que afectó a los magistrados Gustavo Bustillo, Rosalinda Cruz, José Antonio Gutiérrez y José Francisco Ruíz Gaekel.
Duarte explicó que el Estado de Honduras fue condenado en el ámbito internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta destitución, que violó los derechos de los magistrados.
La PGR, como representante legal del Estado, interpone esta demanda en repetición para recuperar los fondos que el Estado tuvo que desembolsar a raíz de dicha condena.
El proceso judicial que sigue
Melvin Duarte señaló que la demanda ha sido recibida en el juzgado de lo civil y que, a partir de ahora, se seguirá el proceso ordinario en esta materia:
- Admisión de la Demanda: El juez civil debe analizar y emitir un auto de admisión o inadmisión de la misma.
- Emplazamiento: Una vez admitida, se procederá al emplazamiento (notificación) de los 97 demandados.
- Audiencia Preliminar: Posteriormente, se celebrará la audiencia preliminar en el marco del proceso.
- Periodo de Prueba: El caso será sometido a un periodo de prueba y la presentación de alegatos finales.
- Sentencia: Finalmente, el juez civil emitirá una sentencia que establecerá la responsabilidad final de los demandados.
La PGR, al presentar esta demanda, busca sentar un precedente de responsabilidad civil contra los funcionarios públicos que, por decisiones que contravienen la ley y generan perjuicio al Estado, deben resarcir el daño económico.
