PNRP IMPULSA LA INSTALACION DE MEDICIÓN INTELIGENTE CONTRA EL HURTO DE ENERGIA

Honduras pierde cada año más de 12 mil millones de lempiras a causa del hurto de energía eléctrica, una práctica histórica que debilita las finanzas públicas, encarece el servicio para los usuarios que sí cumplen y limita la capacidad del Estado para invertir en desarrollo social.

Esta sangría energética no es solo un problema técnico, sino una distorsión estructural que afecta la justicia tarifaria y la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.

Frente a este impacto, el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP), ha impulsado desde su creación una estrategia integral basada en acciones concretas y verificables.

Lejos del discurso privatizador que durante años dominó el sector, el enfoque actual prioriza la recuperación de recursos públicos mediante control, modernización y presencia institucional en los territorios.

Recuperar energía es proteger los recursos públicos

Entre las medidas más relevantes destacan la instalación de sistemas de medición inteligente (AMI), la incorporación de nuevos suministros legales y las revisiones periódicas de medidores residenciales.

Estas acciones permiten detectar irregularidades en tiempo real, reducir la manipulación de equipos y mejorar la eficiencia operativa, demostrando que la tecnología bien aplicada es una aliada clave del interés público.

Otro eje central ha sido la legalización de conexiones ilegales, una política que combina firmeza con enfoque social. Regularizar el servicio amplía la base de usuarios formales y garantiza derechos, ordena el sistema y reduce conflictos comunitarios, avanzando hacia un modelo más justo donde todos aportan según su consumo real.

Para el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, reducir las pérdidas energéticas es proteger los recursos de Honduras y fortalecer un sistema eléctrico más eficiente y sostenible.

La privatización no es la solución: cada kilovatio recuperado representa inversión en salud, educación e infraestructura. El camino es claro: control público, gestión técnica responsable y compromiso con el interés nacional.


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