La indignación por el fraude electoral y la injerencia externa se trasladó la mañana de este jueves a la ciudad de La Ceiba, donde ciudadanos y miembros de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) realizaron una manifestación en la carretera CA-13, a la altura del puente Danto.
La protesta, que incluyó la quema de llantas y la presencia de varias organizaciones, busca presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que declare la nulidad de los comicios generales del pasado 30 de noviembre.
«No hay hora de salida»: alianza contra el Golpe Electoral
Los manifestantes, que afirmaron tener hora de llegada, pero «no hay hora de salida», se autodenominaron una «Alianza Popular contra el golpe electoral».
Francisco Gutiérrez, ciudadano manifestante, denunció la reincidencia de «los cachurecos», por querer «volver otra vez a tomar el poder» por la fuerza. Gutiérrez fue más allá y criticó con dureza al gobierno de Estados Unidos.
«Estamos protestando por esa injerencia de los Estados Unidos en nuestros países de Latinoamérica y el acto del fraude electoral que se está cometiendo», afirmó Gutiérrez, señalando que la acción busca impedir que «nombren a papi a la orden como presidente y el que va a venir a mandar es el narcodelincuente Juan Orlando Hernández».
Indulto de Trump y fraude sistemático
Gutiérrez vinculó la protesta directamente con el indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), condenado por narcotráfico en EE. UU.
«Donald Trump, el pedófilo de los Estados Unidos, ha soltado y dice que está luchando contra el narcotráfico y sin embargo ha soltado al peor narcotraficante que se ha dado en Centroamérica,» sentenció Gutiérrez, en una crítica directa a la política exterior de EE. UU.
Por su parte, Osman Suazo, también parte de las plataformas sociales, denunció un «enorme señalamiento del fraude electoral sistemático que se instaló desde antes, durante y después del proceso electoral del 30 de noviembre».
Los manifestantes exigieron que el CNE, la Fiscalía Especial de Delitos Electorales y el Tribunal de Justicia Electoral «declaren nula la elección» y se convoque a un nuevo plebiscito que garantice que la persona electa sea la que el pueblo eligió en realidad.
