Una reciente investigación reveló que el próximo juicio en la Corte del Distrito Sur de La Florida sobre la Tasa de Seguridad no es un simple rumor, sino un expediente lleno de pruebas, audios, correos y transferencias que prometen exponer una compleja red de corrupción público-privada en Honduras.

La información revelada por la organización Pro-Honduras Network, conocida por su cobertura de casos de narcotráfico en Estados Unidos, que ha causado gran revuelo, señala directamente a líderes políticos, militares, empresarios y al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Nombres y un esquema de saqueo

Según la información recabada, la Tasa de Seguridad, presentada en su momento como una solución a la violencia, se convirtió en una «caja de sobornos» que operaba bajo el amparo de un fideicomiso.

El esquema era claro: los fondos, provenientes del bolsillo de los hondureños, eran canalizados a través de empresas fachada, como Atlanco, para terminar en manos de figuras influyentes.

Entre los nombres mencionados en la documentación judicial se encuentran:

• Carl Zaglin: Empresario extranjero, dueño de una maquila que habría facturado uniformes con contratos inflados.
• Juan Ramón Molina: Representante del COHEP en el Comité Técnico del fideicomiso, con poder de veto en la toma de decisiones.
• Julián Pacheco Tinoco: Exsecretario de Seguridad durante la administración de Juan Orlando Hernández, alias CC-8.
• Jaime Arturo Nativí Gálvez: Diputado al PARLACEN, vinculado a la red a través de correos y registros de pagos.
• Francisco Cosenza: Administrador clave del fideicomiso, señalado como una pieza central en la ruta del dinero.

Además, se ha mencionado a David Chávez, Mario Pérez, Tomás Zambrano y Antonio César Callejas como parte de la red de corrupción.

Testigos clave y el rol del COHEP

La investigación de Pro-Honduras Network indica que 25 testigos testificarán bajo juramento en el juicio, aportando pruebas documentales, audios y registros que detallan cómo se desviaban los fondos a través de intermediarios y contratos inflados.

Un testigo en particular, una exfuncionaria del gobierno de Juan Orlando Hernández que trabajó directamente en la Tasa de Seguridad, podría ser la «bomba» que exponga «la miseria moral» de quienes participaron en el saqueo.

La organización ha desestimado las afirmaciones del COHEP, que ha calificado la discusión como una «campaña de desprestigio» impulsada desde el gobierno de Honduras.

Pro-Honduras Network aclara que las acusaciones no provienen de Tegucigalpa, sino de tribunales federales de Estados Unidos.

Se insiste en que el COHEP no fue un simple espectador, sino que tuvo un rol activo en la administración del fideicomiso y avaló contratos millonarios bajo el manto de la Ley de Secretos, como la compra y renta de más de 3,000 vehículos.

La organización concluye que el juicio de la Tasa de Seguridad se convertirá en «el mayor retrato de cómo se mezclaron la élite política, militar y empresarial para saquear a Honduras».