El Ministerio Público (MP), ha presentado dos requerimientos fiscales por la emisión irregular de constancias de vecindad, destinadas a modificar ilegalmente el domicilio electoral de ciudadanos en los municipios de San Antonio de Oriente (Francisco Morazán) y San Antonio de Flores (El Paraíso).
En uno de los casos, se señala a José Napoleón Cáceres Dormes, actual secretario municipal de San Antonio de Flores y exprecandidato a alcalde por el Partido Liberal de Honduras, específicamente del movimiento «Vamos Honduras» liderado por Salvador Nasralla.
La investigación, llevada a cabo por la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), acusa a Cáceres Dormes de emitir constancias falsas con el propósito de alterar el domicilio electoral de personas que no residen en el municipio.
Según el MP, se ofreció ayuda a ciudadanos de escasos recursos para facilitar este cambio, buscando influir en los resultados de las elecciones de marzo de 2025.
Las constancias fraudulentas fueron utilizadas para modificar la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RNP).
Cabe mencionar que, actualmente la municipalidad de esa localidad está siendo administrada por el también liberal Pedro Starling Cáceres, del movimiento liderado por el exprecandidato a la presidencia, Jorge Cálix, y que busca su reeleción.
VERGONZOSA FALSIFICACIÓN DE ENCUESTA
Este caso se suma a la controversia que rodea a Salvador Nasralla, quien recientemente fue desmentido públicamente por la encuestadora TResearch International.
Nasralla había difundido en redes sociales una gráfica falsa con resultados electorales a su favor, utilizando el logo de la encuestadora sin autorización.
TResearch International calificó la gráfica como falsa y denunció el uso indebido de su propiedad intelectual.
El otro requerimiento fiscal presentado por el MP involucra a Marelyn Mercedes Rodríguez Escalante, secretaria municipal de la alcaldía de San Antonio de Oriente.
A ella se le acusa de extender al menos diez constancias de vecindad a personas de Tatumbla, quienes fueron inducidas a cambiar su domicilio electoral bajo promesas de ayuda.
Se le imputan los delitos de falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y otros delitos electorales.
