Hay 10 familias que boicotearon la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne y en el Mocorón, Gracias a Dios.
Primero, ¿quiénes son estas 10 familias? Está la Familia Facussé, Familia Rosenthal, Familia Atala, Familia Canahuati, Familia Kafie, Familia Larach, Familia Ferrari, Familia Goldstein, Familia Nasser.
Son banqueros y empresarios que se han opuesto a que se apruebe en el Congreso Nacional la Ley de Justicia Tributaria por todos los beneficios que tienen con las exoneraciones que se legalizó en el pasado Congreso mediante exoneraciones fiscales, contratos ilegales, fideicomisos manejando el 25% del presupuesto nacional, concesiones de bienes públicos y un aumento del 300% en la deuda interna y externa.
El gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, impulsa la construcción de cárceles de máxima seguridad en la Isla del Cisne y Mocorón como parte de su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Reduciendo la influencia de cada preso en las ciudades y cortando redes delictivas desde el interior de las prisiones.
Élites opositoras
Pero por las principales élites empresariales del país han mostrado oposición a ambos proyectos. Estas familias, que históricamente han tenido influencia en las decisiones del país, podrían temer que un endurecimiento en la política penitenciaria afecte sus intereses. Algunas investigaciones han señalado vínculos entre estructuras del poder económico y redes de corrupción o actividades ilícitas, que podrían verse limitadas con el confinamiento de líderes criminales en centros remotos.
Las élites alegan preocupación ambiental, solo quieren defender el medio ambiente cuando les conviene y cuando se trata de sus intereses se olvidan de todo, señalan el posible impacto ecológico en la Isla del Cisne y hay grupos ambientalistas que los han acusado a estas familias de promover megaproyectos extractivos en otros territorios vulnerables. En el caso de Mocorón, el argumento de ellos radica en el aislamiento de la zona.
De las 12 empresas inicialmente interesadas en el proyecto, ninguna presentó ofertas debido a la falta de garantías bancarias locales, un requisito clave según la Ley de Contratación del Estado. Este obstáculo ha frenado el proceso, pero no significa que el proyecto sea inviable, sino que depende de que se emitan dichas garantías para avanzar.
