La mañana de hoy, jueves, la Presidenta Xiomara Castro, anunció la intervención del Instituto de la Propiedad (IP).
Xiomara Castro, ha revelado información preocupante sobre el manejo de fondos en el Instituto de la Propiedad (IP), durante administraciones anteriores. Pero lastimosamente, en esta administración también, es conocida como portaviones de Jorge Calix para extraer recursos para su campaña presidencial, violentando la Ley General de Administración Pública y manchando al gobierno del Socialismo Democrático.
Según las cifras presentadas por la Presidenta Xiomara Castro, el IP ha realizado erogaciones por más de L18,000 millones sin registros fiables. Financiando construcciones de viviendas, gastos publicitarios y supuestas obras sociales, todo esto desviando fondos del verdadero propósito del Fideicomiso, que era la transformación digital del IP.
Tras la liquidación de los fideicomisos por parte del Congreso Nacional, se revela que en el IP se han erogado más de L1,000 millones de manera ilegal, con un destino aún bajo investigación.
De manera adicional, Castro menciona denuncias de inscripciones ilegales de terrenos y vehículos que están siendo investigadas por las autoridades competentes. Esto muy sonado en medios de comunicaciones y que es una verdad entre pasillos.
Ante estas gravísimas irregularidades, la Presidenta ha tomado la decisión de intervenir el IP, que ha estado operando fuera de la Caja Única del Tesoro debido a un decreto del narcoestado desde 2015. Castro ha ordenado que estos delitos sean denunciados ante el Ministerio Público, con el objetivo de garantizar transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas, sin excepciones.
Algunos sectores sugieren que la Presidenta debe tomar medidas similares con instituciones como COPECO y el PANI, sugiriendo que podrían estar involucradas en prácticas similares de desviación de fondos y corrupción.
Estas revelaciones, ponen de manifiesto la urgente necesidad de una profunda auditoría y saneamiento de las instituciones públicas en Honduras, donde la corrupción público-privada sigue imperando, sobre todo en sectores como los de Jorge Calix, que abiertamente tienen alianza con la narcodictadura.
La intervención del IP y las acciones emprendidas por la Presidenta Castro son un claro mensaje de tolerancia cero hacia la corrupción, venga de donde venga.
