El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, solicitó formalmente al Ministerio Público que investigue las serias denuncias de presiones, coacción e injerencia partidaria realizadas por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, en su nota de «renuncia condicionada» al cargo.

La solicitud se realizó durante una sesión en el pleno del Congreso Nacional, en medio de un ambiente de tensión y debate sobre la legalidad de la renuncia de Hall.

Redondo calificó la renuncia de la consejera Hall como una «figura inexistente» en el sistema legal hondureño, argumentando que violenta el proceso establecido para la elección de su sustituto, que debería ocurrir en un acto separado.

«Son imposiciones que violentan el proceso», reafirmó el presidente del Congreso, citando varios artículos de ley para sustentar su posición.

Según Redondo, la carta de renuncia de Hall detalla graves denuncias de presiones recibidas por parte de la autoridad partidaria de su propio partido, el Partido Liberal, y el Partido Nacional, con el objetivo de que la consejera «traspase los límites de la legalidad».

Estas denuncias incluyen supuestos delitos electorales y atentados contra la integridad personal de la funcionaria.

En respuesta a estas acusaciones

Redondo instruyó a la Secretaría del Poder del Estado para que remita de inmediato la nota de renuncia condicionada de Hall al Fiscal General de la República, a fin de que se proceda con la investigación de las denuncias contenidas en el documento.

Además, anunció la conformación de una Comisión Especial de Investigación, integrada por los diputados Jari Dixon Herrera, Silvia Ayala, Carlos González, Ramón Barrios, para profundizar en las denuncias presentadas.

El presidente del Congreso también exhortó a la Secretaría de Derechos Humanos a brindar protección a la consejera Hall, enfatizando la necesidad de garantizar su seguridad.

«Ni personas ni partidos políticos que actúan como criminales están por encima de la Constitución y la ley», sentenció Redondo, subrayando que el proceso electoral debe construirse con «transparencia, legalidad y respeto a la ley».

La sesión en el hemiciclo legislativo se caracterizó por «gritos y alegatos», con la diputada Iroshka Elvir y otros legisladores liberales acercándose al estrado principal para expresar su posición.

Redondo insistió en «hacer cumplir la Constitución y sus leyes», en lo que él describió como la prevención de una «ruptura del orden constitucional en Honduras» que estaría «violentando el principio fundamental de la democracia».

La situación solo demuestra las intensas grietas que existen a lo interno del Partido Liberal de Honduras, en donde las mismas bases y miembros originales de la institución han denunciado el secuestro del partido por parte de los denominados «recién llegados», como Roberto Contreras, Salvador Nasralla y Jorge Cálix, quienes según los militantes liberales, solo buscan mediante ilegalidades beneficios personales.