La Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI) ha puesto en marcha el proceso para cumplir con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra.
Esta sentencia, que data del 8 de octubre de 2015, ordena al gobierno de Honduras tomar medidas para garantizar los derechos de esta comunidad sobre su territorio ancestral.
El cumplimiento de la sentencia se realizará en varias etapas. La primera fase comenzará este año 2024 y consistirá en realizar una investigación catastral y georreferenciación de los terrenos ocupados por la comunidad y de otras personas. Este paso es fundamental para establecer quiénes son los verdaderos propietarios y asegurarse de que se respeten los derechos de la comunidad Garífuna.
Además, se ha hecho un llamado a todas las personas que poseen terrenos en la aldea Río Miel y áreas cercanas, que están dentro del territorio ancestral de la comunidad, para que presenten una Declaración Jurada de Bienes Inmuebles. Tienen un plazo de 30 días, contados a partir de la publicación del aviso, para entregar esta declaración junto con los documentos necesarios, como los títulos de propiedad, una copia de su Documento de Identificación Nacional (DNI) y planos de sus propiedades.
Cumplimiento de solicitud
Los interesados deben presentar sus documentos en varias oficinas designadas: la Procuraduría General de la República, la Oficina Regional del Instituto Nacional Agrario en Sinaloa, Colón, y el Registro de la Propiedad en Trujillo, Colón. Allí, podrán obtener el formulario necesario para la Declaración Jurada. Es crucial que todos los propietarios cumplan con esta solicitud para evitar problemas en el futuro.
El CIANCSI ha advertido que aquellos que no presenten la Declaración Jurada serán considerados en rebeldía. Esto significa que continuarán con el proceso de cumplimiento de la sentencia sin su participación, lo que podría resultar en la pérdida de sus derechos sobre las tierras. Por lo tanto, es esencial que los propietarios actúen rápidamente.
Este proceso es un paso importante para asegurar los derechos de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra y restaurar su acceso a las tierras que les pertenecen. La intención es crear un marco de respeto hacia la cultura y la historia de esta comunidad, garantizando así un mejor futuro para sus miembros.
