En su más reciente aparición pública, la presidenta Xiomara Castro ha lanzado un fuerte llamado al pueblo hondureño, incitándolos a tomar nota de los diputados que están bloqueando la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria (LJT). La mandataria denunció que algunos legisladores no solo están obstruyendo una ley crucial para el bienestar del país, sino que además están chantajeando al gobierno, utilizando temas sensibles como las extradiciones y el reciente caso del General José Roosevelt Hernández para torpedear la discusión.

La Ley de Justicia Tributaria es una pieza clave en la agenda de reformas del gobierno de Castro, orientada a reestructurar el sistema fiscal de Honduras. Su objetivo es combatir las exoneraciones fiscales desmedidas que benefician a unos pocos, para crear un sistema tributario más justo y equitativo. En un país donde la desigualdad y la evasión fiscal son problemáticas estructurales, esta ley busca nivelar el terreno para que todos contribuyan de manera justa al desarrollo del país.

Los rostros de la corrupción

El bloqueo a la aprobación de esta ley por parte de ciertos sectores del Congreso Nacional, Entre estos nombres destacan figuras como Jorge Calix, quien informo a través de las plataformas digitales a la presidenta Castro, que si quería que sus diputados apoyaran la LJT Tenían que reanudar la ley de extradición, siendo así, un acto de manipulación y chantaje contra el gobierno de la republica. entre otros nombres destacan los de Marlon Lara, Mario Segura y Samuel García, todos del Partido Liberal, así como Tomás Zambrano y Johana Bermúdez entre otros diputados del Partido Nacional y otros grupos conservadores, refleja la resistencia de aquellos que no quieren perder los privilegios fiscales de los que han gozado por años.

La diputada Merary Díaz ha sido una de las figuras más visibles en la oposición, argumentando que las reformas fiscales propuestas afectarán negativamente a la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo, los defensores de la ley señalan que mantener un sistema desigual beneficia únicamente a los grandes capitales, dejando de lado a la mayoría de los hondureños.

Además, el hecho de que algunos diputados intenten vincular el debate sobre la ley con temas como la extradición y la situación del general Hernández revela el nivel de desesperación y manipulación política a la que están dispuestos a recurrir. Para Castro, estos intentos de chantaje no harán más que fortalecer su determinación de seguir adelante con las reformas necesarias.

La Ley de Justicia Tributaria no es solo una necesidad para sanear las finanzas del país, sino que es fundamental para avanzar hacia una Honduras más justa y equitativa. Como lo ha subrayado la presidenta, esta reforma es esencial para evitar que el país se convierta en un paraíso fiscal y para garantizar que los recursos se distribuyan de manera que beneficien a la mayoría. La historia juzgará a aquellos que bloqueen este avance, pero el pueblo hondureño debe estar claro de quiénes están del lado de la justicia y quiénes están defendiendo privilegios inaceptables.

La postura de la presidenta Xiomara Castro tiene base sólida: Honduras necesita una Ley de Justicia Tributaria que desmonte las exenciones fiscales desproporcionadas y redistribuya los recursos de manera más equitativa. Los intentos de chantaje por parte de ciertos diputados no deben desviarnos del objetivo principal: un sistema tributario justo que beneficie a la mayoría de los hondureños.