La denuncia presentada por Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre la existencia de un plan de boicot a las elecciones generales de 2025, constituye un hecho de máxima gravedad que debe mantener en alerta al pueblo hondureño.
Ochoa entregó al Ministerio Público un conjunto de 24 audios contenidos en una memoria USB, en los que, según afirmó, se escucha a una consejera del CNE, un jefe de bancada de un partido tradicional y oficiales de las Fuerzas Armadas, participando en conversaciones orientadas a manipular el proceso electoral y generar una crisis política.
De acuerdo con la denuncia, estos audios evidenciarían una conspiración política-militar que incluiría acciones para interferir en la observación nacional e internacional del proceso, controlar el transporte de materiales electorales, manipular los centros de cómputo donde se reciben los resultados y, en el punto más delicado, provocar interrupciones estratégicas en la transmisión de actas durante la jornada electoral. Si se confirman estos hechos, podrían configurarse delitos graves como sedición, conspiración, asociación ilícita, cohecho y traición a la patria.
La gravedad de esta denuncia radica en que, se trataría de un ataque directo a la democracia hondureña y a la voluntad popular expresada en las urnas. Un plan de boicot como el descrito no solo busca distorsionar los resultados de las elecciones, sino también generar inestabilidad institucional, desprestigiar al órgano electoral y poner en riesgo la paz social.
Frente a ello, es imperativo que las autoridades actúen con celeridad, independencia y transparencia, investigando a fondo los audios presentados por Ochoa y aplicando la ley a quienes resulten responsables.
El pueblo hondureño debe mantenerse vigilante y firme en defensa del voto libre y de la transparencia electoral. La credibilidad del sistema democrático depende de que prevalezca el respeto a la voluntad ciudadana y de que no se permita que intereses particulares, políticos o militares, manipulen los resultados. En este momento crucial, Honduras necesita que la ley se imponga con firmeza y que la ciudadanía defienda su derecho a elegir sin miedo ni interferencias.
