La Ley de Justicia Tributaria, es una serie de leyes dispuestas a corregir la corrupción estructural relacionada con las exoneraciones fiscales. Creada para abordar los problemas derivados de 40 decretos aprobados durante los 12 años de dictadura en Honduras, que han costado al pueblo hondureño más de 500,000 millones de lempiras entre julio de 2009 y diciembre de 2023.
Esta ley no solo aborda las consecuencias económicas de décadas con mecanismos corruptos, sino que también, señala las verdaderas causas de la pobreza y el estancamiento en Honduras.
Se destaca, la concentración y acaparamiento de la riqueza por parte de unas pocas familias que a expensas del bienestar del pueblo, han disfrutado de privilegios injustos.
Estos son algunos de los beneficios que trae consigo la reforma de la nueva ley de justicia tributaria
Eliminación de Exoneraciones Fiscales: La LJT quiere eliminar 10 de los 18 regímenes de exoneraciones y exenciones fiscales del país. Las exoneraciones actuales han ayudado sobre todo a las personas más ricas y al eliminar los abusos se busca mejorar la justicia tributaria.
Combate a la Evasión Fiscal: La ley busca crear figuras para combatir la evasión fiscal y asegurar que las empresas cumplan con sus compromisos y objetivos estipulados en los regímenes fiscales.
Promoción de Inversiones y Generación de Empleo: Según el artículo 1 del proyecto de ley, el objetivo es promover las inversiones públicas, privadas y mixtas para la generación de empleo como mecanismo de erradicación de la pobreza y contención de la migración. Se establece un nuevo régimen llamado Régimen de Incentivos para las Inversiones para el Desarrollo (RINDE), que busca aumentar la rentabilidad de las inversiones y ofrece beneficios como deducciones en empleos permanentes.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), se opone a una propuesta de reforma, supuestamente preocupados por la eliminación de ciertos regímenes y calificándola como una reforma ideológica llena de resentimiento. Todo esto debido a que afectaría las millonarias sumas de dinero que se ahorran en exoneraciones y que perjudican al pueblo hondureño, que es quien más impuestos paga.
