Desde que en junio de 2009 el Golpe de Estado contra José Manuel Zelaya fue perpetrado por las fuerzas armadas, con la dirección de Romeo Vásquez Velásquez, auspiciado por la embajada norteamericana, en Honduras se profundizó un clima de impunidad y se instaló el autoritarismo de una dictadura criminal que, aunque su cabeza terminó en Nueva York, su estructura sigue conspirando. Nada de esto habría sido posible sin la complicidad de la prensa corporativa.
Cuando hablamos de Vásquez Velásquez nos tenemos que remontar obligatoriamente al Golpe de Estado, quien en ese entonces era comandante de las fuerzas armadas, no solo articuló, sino que perpetuó el golpe, pero siempre nos gusta poner explícitamente que lo hizo como encargado de una operación auspiciada por la élite golpista, con respaldo directo -y probado- de la Embajada de Estados Unidos. La misma figura que dirigió la represión sanguinaria contra la resistencia popular se convirtió luego en un actor político, fundando en 2013 el partido La Alianza Patriotica, un partido de maletín financiado por el propio narcotráfico.
Este personaje, que ha sido señalado públicamente en los últimos días a raíz de múltiples videos que circulan de recibir dinero del narcotráfico, aunque esta noticia no hizo mucho eco en las principales cabinas de radio y set de televisión. Hoy por hoy mantiene un estatus de prófugo de la justicia, con una orden de captura internacional a través de una alerta roja de INTERPOL, y figura en las listas de los diez criminales más buscados por las autoridades hondureñas. Sin embargo, la narrativa oficial y gran parte de los medios dominantes han preferido instalar un muro de silencio en torno a sus vínculos con el narcotráfico y su implicación en asesinatos selectivos durante y después del golpe.
La última evidencia, que incluye fotografías, videos y análisis forenses, demuestra que Vásquez Velásquez recibió dinero de narcotraficantes como Fabio “El Negro Lobo”, Don H, el “Cachiro”, y Yankel Rosenthal —hermano del Liberal Yani Rosenthal— en las elecciones de 2013 donde Juan Orlando Hernández ganó su primer mandato en medio de evidencias de fraude.
Aquí entra en juego un elemento que muchos medios prefieren obviar: Vásquez Velásquez habla en uno de estos videos de las encuestas —las mismas que afirman que Juan Orlando Hernández salía bajo en intención de voto— y de cómo con dinero del narco se podía resolver esa situación. La misma prensa que en Honduras ha sido cómplice en la protección del poder socialmente colocado, ha preferido minimizar, omitir o “teorizar” en torno a esas evidencias en lugar de condenarlas abiertamente. Más allá de eso, la cobertura mediática en muchos casos ha recurrido a términos como “supuesto” o “presunto” para describir hechos irrefutables, como si las pruebas forenses y los testimonios no tuvieran valor alguno.
No olvidemos que Vásquez Velásquez es también un prófugo de la justicia, con mandamiento de captura vigente y alerta de INTERPOL, figura en la lista de los más buscados, y aún así, muchos periodistas, presentadores y ¨analistas¨ en Honduras lo tratan como un “analista político” y lo convirtieron en vocero de la oposición, diluyendo la gravedad de su condición y protegiendo, en la práctica, a un criminal probado.
La lógica de la prensa corporativa en Honduras es simple: si los delitos afectan a los poderes tradicionales, se minimizan o se criminalizan a voces disidentes. Cuando los delitos los comete uno de ellos, se hace de la vista gorda, o se crea un relato paralelo donde la víctima es otra. La protección del narcotráfico, del crimen organizado y del aparato de poder se ha convertido en la línea editorial por excelencia de los medios corporativos.
Tras la publicación de videos, fotografías y análisis científicos que confirman las conexiones de Vásquez Velásquez con el narcotráfico, la cobertura mediática se haya limitado a titulares con fórmulas como “presunto” o “señalado”, con un tremendo temor a nombrar las cosas con su nombre. La prensa, en su afán por no incomodar, ha renunciado a su función de fiscalizador y ha pasado a ser mediadora de una narrativa que favorece la impunidad.
La prensa en este país, controlada en su mayoría por las 10 familias que concentran la propiedad de los medios es cómplice de Romeo Vásquez y el golpismo. Los mismos medios que ocultaron o minimizaron la figura de Vásquez Velásquez y su relación con la élite del bipartidismo, son los que más lanzan fake news contra el Gobierno y contra LIBRE.
La reparación del Estado de Derecho pasa también por una prensa que, en lugar de evitar el conflicto con los dueños de todo, asuma su responsabilidad histórica de ser garante de que el pueblo tenga el derecho a la verdad. Deben dejar de llamar “presunto” a lo que ya está probado. La historia no perdona a quienes prefieren esconderse detrás de eufemismos en lugar de hacer justicia.
