En su quinto día, el juicio que se lleva a cabo en la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos continúa sacando a la luz lo que durante años denunciaron la Resistencia Popular y el Partido Libertad y Refundación (LIBRE): la corrupción en Honduras, orquestada por el Partido Nacional de Honduras (PNH), el Partido Liberal de Honduras (PLH) y las élites empresariales representadas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
El caso se centra en la Tasa de Seguridad, un fondo creado supuestamente para proteger a la ciudadanía de la violencia, pero que terminó siendo un mecanismo de enriquecimiento para políticos y empresarios, con contratos inflados, sobornos y negocios oscuros.
En esta jornada, la Fiscalía presentó un oficio con sello oficial del COHEP y la firma de su entonces presidenta, Aline Flores, en el que solicitaba al expresidente y narcotraficante Juan Orlando Hernández que Juan Ramón Molina fuera designado como representante del sector privado y presidente del Comité de la Tasa de Seguridad.
Como suplente, proponían a José Eduardo Atala Zablah, señalado en reiteradas ocasiones como autor intelectual del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
La prueba presentada confirman que desde el propio COHEP se colocaron figuras clave en la administración de los recursos.
Durante la gestión de Aline Flores, la Tasa de Seguridad otorgó contratos para más de 3,000 vehículos vendidos o rentados, cuyo paradero hasta hoy sigue sin aclararse.
COHEP Y SU RED DE CORRUPCIÓN
El testimonio de Juan Ramón Molina, quien compareció en la corte, dejó al descubierto cómo políticos del Partido Nacional y Liberal, junto a empresarios del COHEP, transformaron la Tasa de Seguridad en un sistema «legalizado» de corrupción público-privada.
Lo que en Honduras se normalizó como “gestión eficiente” fue, en realidad, un saqueo institucionalizado que drenó miles de millones de lempiras de los fondos públicos.
Dirigentes de la Resistencia advierten que los mismos sectores que se beneficiaron de la Tasa hoy conspiran contra la Refundación, impulsando candidaturas como las de Salvador Nasralla Salum y Nasry Asfura Zablah, señalados como títeres de la oligarquía y del narcotráfico.
El proceso en Estados Unidos confirma lo que fue silenciado por la media corporativa en Honduras: la Tasa de Seguridad durante la narcodictadura sirvió de botín para políticos corruptos y empresarios poderosos.
