En Honduras, las redes de corrupción público-privadas, construidas durante 12 años de narco dictadura, continúan operando desde instituciones como ONCAE y HONDUCOMPRAS. Estas redes tienen centralizado el control sobre los proveedores del Estado, vendiendo a precios excesivos sin posibilidad de objeción por parte de las Secretarías de Estado, ya que siguen procesos administrativos que cumplen con la Ley de Contratación del Estado. 1
La burocracia hondureña, en su esencia, consiente o inconsciente es quien protege los intereses privados por sobre los nacionales, ya que el Estado, tal como lo conocemos, es una construcción de la elite financiera y de organismos multilaterales de préstamo como el FMI o el BID, perpetuando la condición de colonia subdesarrollada de Honduras.
El engranaje legal del Estado dentro de su complejidad aparente protege una realidad cruel y vergonzosa, redes de corrupción público-privadas que conspiran contra la administración más transparente que ha tenido Honduras, el del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro.
Un desafío para el Gobierno de Xiomara Castro
Que luego de dos años de Gobierno la ONCAE continúe tal cual, plantea un desafío significativo para el Gobierno del Socialismo Democrático de la Presidenta Xiomara Castro. La precandidata Presidencial de LIBRE y ex ministra de Finanzas, Rixi Moncada, encabezó la lucha de la Presidente, Xiomara Castro, contra estas redes de corrupción que conspiran contra su Gobierno.
A pesar de algunos avances, como el retorno a la caja única del Estado durante la gestión de Rixi Moncada, como ministra de Finanzas y la priorización de la inversión social y el fortalecimiento institucional en el presupuesto de la República 2024 que se aprobó recién, aún quedan muchas tareas pendientes.
ONCAE, bajo la gestión de Edmundo Orellana, como Ministro de la Secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción2, no experimentó cambios significativos y ahora pretende impulsar una nueva ley de contratación del Estado, siguiendo las directrices de los mismos organismos que prestan el dinero.
El desafío para el Gobierno de Xiomara Castro, es claro: desmantelar estas redes de corrupción arraigadas en la institucionalidad y promover una Ley de Contratación del Estado, reformas a la Ley General de Administración Pública y de Procedimientos administrativos que de verdad garanticen la libre competencia de los proveedores y ponga un alto a quienes durante 130 años se lucraron vendiendo al Estado desde resmas de papel hasta contratos multimillonarios de construcción.
La lucha contra la corrupción no solo requiere cambios superficiales, sino una transformación profunda de las estructuras que perpetúan este sistema.
- La Ley de Contratación del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE) establecen la responsabilidad, deber y obligación de la administración pública de planificar las actividades de contratación para satisfacer necesidades en tiempo oportuno, mejor costo y calidad. Artículos 5 LCE y 9, 78 y 81 del RLCE. ↩︎
- Ángel Edmundo Orellana Mercado fue ministro asesor de la Presidencia en materia de transparencia y combate a la corrupción del Gobierno de Xiomara Castro desde el 27 de enero del 2023 hasta su renuncia el 20 de junio del 2023. ↩︎
