El Ministerio Público (MP), presentó un requerimiento fiscal del proyecto residencial Morazán con el cual se defraudó al Estado por más de 294 millones de lempiras contra EBAL DÍAZ LUPIAN, ex ministro del Estado de Despacho de la Presidencia y miembro Presidente del consejo de administración del Instituto de la Propiedad (IP), que dirigía una estructura criminal para preparar un megafraude para el proyecto habitacional de más de 10 mil familias del país hondureño.
Así mismo, en el comunicado también se están acusando a ZONIA MARGARITA MORALES, ex comisionada presidenta de Coalianza, LIZETH GUADALUPE VILLATORO, asignada a Banco Lafise, MARIO LEON GOMEZ, ROLANDO FEDERICO POUJOL, funcionarios públicos de la secretaría de la presidencia.
También acusados. JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL, EDMUNDO del CARMEN CUADRA, JOSE FERNANDO CALIX BONILLA, MYRNA ISABEL MEJIA FLORES, DINO FANCISCO RIETI, FRANCIS YAMILETH RODRIGUEZ, LIS MARIA MONCADA PINEDA, LUIS ROBERTO APARICIO GODOY, OSCAR ROLANDO MENDOZA CACERES y TANIA MICHELE MONTOYA ZEPEDA, relacionados con la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos.
Se les acusa acusan los delitos de Asociación para Delinquir, Fraude, Violación a los deberes de los Funcionarios y Administración Fraudulenta entre otros, por lo que se solicita se giren las respectivas ordenes de captura nacional e internacionalmente y se decrete la inmediata alerta migratoria.
Redes de corrupción público privadas
El requerimiento fiscal incluye la acusación contra Lizeth Guadalupe Villatoro, delegada del Banco Lafise, como parte de la red de corrupción que desfalco al Estado hondureño por más de 294 millones de lempiras a través del proyecto residencial Morazán. Su rol en el esquema fraudulento, junto con otros funcionarios de alto nivel, pone en evidencia la complicidad del sector bancario en actos de corrupción que afectan la economía y la confianza pública en las instituciones financieras.
Justo lo que Jorge Cálix defiende, las redes de corrupción público privadas, por eso traicionó el partido y ahora conspira contra la Presidenta para proteger los intereses corruptos de la banca privada.
