El Ministerio Público(MP), anunció un avance en el caso de las 107 familias afectadas por el trágico incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula en mayo de 2004.

Este evento, que cobró la vida de más de 107 privados de libertad, ha vuelto a la luz con un nuevo requerimiento fiscal que busca responsabilizar a ocho personas que se beneficiaron indebidamente de la compensación destinada a los familiares de las víctimas.

Según la investigación en curso, después de las lamentables muertes, los familiares presentaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el «Caso Pacheco Teruel y otros». En el año 2012, la sentencia determinó que el estado de Honduras debía indemnizar a cada una de las 107 familias con L317,289 lempiras con 72 centavos. Los fondos comenzaron a distribuirse en 2017 después de que la Directora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) creara una comisión para cumplir con la sentencia.

Sin embargo, el MP ha descubierto irregularidades en el proceso. Se encontró que 49 cheques, destinados a igual número de familias, fueron cambiados en el Banco Central de Honduras (BCH) por una sola persona. Este individuo actuó con poderes que nunca fueron otorgados por las víctimas, y se hallaron inconsistencias en la documentación, incluyendo firmas falsificadas y huellas no autorizadas. La Comisión creada en el INP no autorizó muchos expedientes, evidenciando una conspiración entre empleados del INP y notarios públicos que ilegalmente se apropiaron del dinero destinado a las víctimas.

En respuesta a estas revelaciones, el MP ha solicitado órdenes de captura contra los presuntos responsables. El juicio continuará, acusando a los implicados de delitos que van desde fraude y estafa hasta falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos.

Este nuevo desarrollo representa un paso crucial hacia la justicia para las familias afectadas por la tragedia en el Centro Penal de SPS. El MP reitera su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que aquellos que se aprovecharon indebidamente de la compensación destinada a las víctimas enfrentarán las consecuencias legales de sus acciones.

El proceso judicial continuará desenmascarando la verdad detrás de este caso que ha afectado profundamente a 50 familias que perdieron a sus seres queridos en ese fatal día de mayo de 2004.