El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), ha dado un paso en la lucha contra la corrupción al solicitar la privación definitiva de 103 bienes relacionados con la exministra de Comunicaciones y Estrategia, Hilda Rosario Hernández Alvarado.
Estos bienes incluyen inmuebles, sociedades mercantiles y productos financieros que fueron adquiridos mediante el desvío ilícito de más de 101 millones de lempiras de las arcas del Estado de la administración de JOH. La solicitud se basa en pruebas que vinculan a Hernández y a varios exfuncionarios públicos en una extensa red de corrupción que operó durante los años 2013 y 2018, utilizando empresas de maletín para lavar dinero proveniente de fondos públicos.
Hilda Hernández, hermana del narcotraficante Juan Orlando Hernández, fue una figura central en esta red de corrupción que saqueó recursos del Estado en beneficio propio y de sus allegados. Entre los bienes incautados se encuentran propiedades de lujo, cuentas bancarias, vehículos, y sociedades mercantiles que fueron adquiridos gracias al uso indebido de su cargo y el desvío de fondos destinados a proyectos públicos.
Instituciones y exfuncionarios vinculados
Asimismo, el Ministerio Público ha identificado que estas propiedades, distribuidas en varios departamentos del país, fueron adquiridas con dinero proveniente de instituciones como Casa Presidencial, el Congreso Nacional, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).
La investigación también ha revelado la participación de otros involucrados, entre ellos familiares y exfuncionarios que actuaron en complicidad con Hilda Hernández para concretar estos actos de corrupción.
Se menciona, por ejemplo, la excoordinadora del Proyecto Tarjeta La Cachureca, Claudia Yamila Noriega, y la exgerente financiera de Casa Presidencial, quienes junto con Hernández se beneficiaron del desfalco a través de empresas fantasmas. Estas acciones generan un impacto en las finanzas públicas, debilitando la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población y poniendo en evidencia la profundidad de la corrupción durante la administración pasada.
Es necesario que todos los bienes robados por Hilda Hernández y su red de corrupción sean devueltos al Estado para mitigar el daño financiero que hicieron. La privación definitiva de estos bienes es un primer paso en la restitución de los recursos públicos malversados, y representa un avance en la lucha contra la impunidad en Honduras. El Ministerio Público, continuará su labor para garantizar que se haga justicia.
