Las recientes posturas asumidas por Roberto Contreras, actual alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, han generado sorpresa y cuestionamientos tanto dentro de su partido como en distintos sectores políticos y sociales del país.
Contreras ha mantenido una posición considerada ambigua frente al conflicto postelectoral que enfrenta el candidato liberal Salvador Nasralla, quien exige la defensa de su triunfo en las urnas ante el aspirante del Partido Nacional, Nasry Asfura. Esta falta de respaldo claro ha sido interpretada por analistas como una actitud funcional a los intereses del nacionalismo.
De acuerdo con una fuente política consultada, este giro no respondería a diferencias ideológicas, sino a un presunto acuerdo de supervivencia política y judicial entre Contreras y el Partido Nacional, motivado por su situación legal.
Según documentos del Ministerio Público, Roberto Contreras figura en diversas líneas de investigación relacionadas con presuntos delitos como trata de mujeres con fines de explotación, fraude, violación de los deberes de los funcionarios, lavado de activos, abuso de autoridad y administración desleal del patrimonio público. Hasta el momento, el edil no ha sido condenado por estos señalamientos, los cuales se encuentran en etapa de investigación.
En ese contexto, la fuente señala que uno de los compromisos asumidos por Contreras sería impulsar la remoción del actual Fiscal General mediante un juicio político, lo que permitiría frenar o debilitar los procesos investigativos en su contra.
Este trasfondo explicaría por qué el alcalde sampedrano no ha respaldado de manera firme la exigencia de un conteo voto por voto, una demanda sostenida por Nasralla y respaldada por diversos sectores civiles y políticos como mecanismo de transparencia y legitimidad electoral.
Presunto Uso de Pandillas para Coacción Electoral en San Pedro Sula
A estos señalamientos se suman reportes periodísticos internacionales que apuntan a la presunta utilización de estructuras criminales durante el proceso electoral reciente. Una investigación publicada por The Intercept sostiene que, en zonas de San Pedro Sula, grupos vinculados a pandillas habrían sido utilizados para presionar el voto a favor de Roberto Contreras y Nasry Asfura, en el marco de acuerdos políticos locales.
Dicho informe señala que estas acciones incluyeron mecanismos de intimidación en territorios bajo control de estructuras criminales, lo que ha reforzado las sospechas sobre posibles pactos encubiertos entre actores políticos y redes ilegales.
En este escenario, la postura de Roberto Contreras ha dejado de ser vista como una simple discrepancia interna y comienza a ser interpretada como una decisión estratégica, orientada a garantizar protección personal y política, aun a costa de distanciarse del candidato presidencial liberal y de una parte del electorado que lo llevó al poder en San Pedro Sula.
