El Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), ha logrado el auto de formal procesamiento contra varios implicados en el escándalo de corrupción relacionado con el proyecto «Residencias Morazán», destinado a construir viviendas para más de 10 mil familias hondureñas.
El fraude, que asciende a 294 millones de lempiras, afecta directamente a la administración pública y a los recursos del Estado.
Los imputados, entre ellos Rolando Federico Poujol, Luis Roberto Aparicio y otros cinco ciudadanos, son acusados de administración fraudulenta. Aunque un juez ha dictado medidas sustitutivas para ellos, el Ministerio Público sigue firme en su lucha por asegurar justicia para el pueblo hondureño.
Además, otras personas enfrentan cargos por violación de los deberes de los funcionarios, fraude y asociación para delinquir. Entre ellas, Zonia Margarita Morales y Mario León Gómez Marini. La audiencia preliminar ha sido programada para el 15 de octubre, donde el MP continuará presentando pruebas para proteger los intereses del Estado.
El caso también involucra a cuatro prófugos de la justicia, entre ellos el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz Lupian, por quienes el MP ha redoblado esfuerzos para llevarlos ante la ley. Este proceso es un paso decisivo en la lucha contra la corrupción en Honduras, demostrando el compromiso del gobierno con la transparencia y la justicia.

