Una jueza de Honduras ordenó la libertad definitiva de cinco ambientalistas que en 2019 fueron acusados por la Fiscalía General del Estado, cuando se oponían a un proyecto minero en el departamento de Colón, en el Caribe del país, entre ellos Juan López, asesinado el pasado 14 de septiembre.
El Poder Judicial de Honduras, emitió un fallo a las acusaciones contra los cinco defensores del agua y miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, (CMDBPCTC), entre ellos Juan Antonio López, Carlos Leonel George George, Reynaldo Domínguez Ramos, José Adaly Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos.
En un comunicado, el Poder Judicial indicó que la jueza Zoe Guifarro, en cumplimiento a una sentencia de amparo otorgada en junio de 2022, ordenó restituir el debido proceso a favor de los defensores de Guapinol y emitió las correspondientes «cartas de libertad definitivas en virtud del sobreseimiento definitivo decretado en su momento por el Juzgado con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal».
Este fallo, que otorga el sobreseimiento definitivo, significa que se les libera de todos los cargos en su contra y que no enfrentarán más procesos legales por los hechos. El juzgado reconoció que las acusaciones privación injusta de libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita en perjuicio de Santos Hernández Corea, de la empresa Los Pinares, y la seguridad interior del Estado de Honduras, no tenían fundamentos y, por lo tanto, ya no amerita continuar.
Después de la lucha de seis años por muchas personas y organizaciones ante instancias nacionales e internacionales, este es un gran triunfo para los defensores del medio ambiente que han defendido esta zona protegida y los ríos Guapinol y San Pedro.
Reconocemos que esta vez el Poder Judicial, elaboró una resolución de oficio y debidamente motivada para ejecutar una sentencia de amparo que pone fin a seis años de acusaciones falsas promovida por la empresa Los Pinares del grupo Emco de Lenir Perez y el Ministerio Publico.
El pueblo siempre tuvo razón. ¡Defender el agua y el territorio no es delito!
