Desde el año 2022, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha implementado un subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) con el objetivo de proteger a las familias del impacto directo de los precios internacionales del petróleo. Esta medida, conocida como “bono al gas doméstico”, ha permitido que miles de hogares paguen un precio más asequible por el cilindro de gas de 25 libras, que es el más utilizado para cocinar en el país.

Este subsidio ha representado un ahorro considerable para los ciudadanos. Dependiendo de las fluctuaciones del mercado global, el gobierno ha absorbido entre 40 y 80 lempiras por cilindro, logrando mantener una estabilidad en el precio final al consumidor. En términos económicos, esta intervención ha requerido una inversión de casi 500 millones de lempiras.

En la práctica, este apoyo estatal ha sido fundamental para la economía de los hogares hondureños, especialmente en sectores vulnerables. Un cilindro subsidiado permite a las familias disponer de más recursos para otras necesidades básicas como alimentación, salud o educación. Además, evita que las personas recurran a métodos de cocina menos seguros y más contaminantes, como la leña.

El bono al gas no solo representa un alivio directo en el bolsillo, sino que también fortalece la seguridad energética y mejora la calidad de vida. Al garantizar el acceso continuo y económico a un combustible limpio y eficiente, el subsidio fomenta una mejor salud en los hogares, reduce la deforestación y apoya la estabilidad económica de los sectores más afectados por la inflación.

El subsidio al gas doméstico se ha convertido en una política pública de alto impacto social en Honduras. Su continuidad no solo refleja un compromiso gubernamental con el bienestar de la población, sino que también demuestra cómo una medida económica puede generar beneficios tangibles en el día a día de las familias hondureñas.