El ministro de finanzas, Christian Duarte, reveló en una contundente publicación en la red social X que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández coadministraron la Tasa de Seguridad Poblacional, calificándola como un caso emblemático de corrupción público-privada.
«El tasón de seguridad es un caso emblemático de la corrupción público privada que campeó con el golpe de Estado», compartió Duarte.
Asimismo, enumeró que fue : «1. Codiseñado y coadministrado por el COHEP; 2. creó nuevos impuestos afectando a los más pobres; 3. privatizó la administración del dinero a través de fideicomisos en la banca privada; 4. funcionó de forma opaca y sin rendir cuentas gracias a la ley de secretos; y, 5. permitió operar y lavar dinero del narcotráfico».
Las declaraciones del funcionario, respaldadas por una publicación del periódico Poder Popular, exponen la opacidad y supuesta malversación de fondos que caracterizaron a este mecanismo financiero durante la última década.
Según las revelaciones de Duarte, la Tasa de Seguridad fue un proyecto diseñado y coadministrado por el COHEP, lo que permitió la creación de nuevos impuestos que afectaron directamente a los ciudadanos más pobres.
COHEP y gobierno de JOH coadministraron Tasa de Seguridad
El ministro señaló que la administración de estos fondos se privatizó a través de fideicomisos en la banca privada, operando en total opacidad y sin rendir cuentas gracias a la ahora derogada Ley de Secretos.
Esta falta de transparencia, según el funcionario, facilitó el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
La Secretaría de Finanzas (SEFIN) ha presentado denuncias ante el Ministerio Público (MP) por un monto cercano a los L5,000 millones, que involucran 130 contratos con posibles casos de malversación y sobrevaloración.
Estos señalamientos se suman a las acusaciones y procesos judiciales en Nueva York que ya tienen a implicados en la Tasa de Seguridad.
Duarte cuestionó la amnesia selectiva de la cúpula empresarial, que ahora desconoce su participación en la coadministración de estos fondos junto al gobierno de Juan Orlando Hernández.
El padre de Eduardo Facussé, por ejemplo, fue el primer representante del COHEP ante la Tasa de Seguridad, subrayó Duarte, señalando una conexión directa entre la dirigencia empresarial y la gestión del polémico fideicomiso.
El caso ha escalado a nivel judicial con órdenes de captura internacional. Se busca al excoordinador del fideicomiso y representante del COHEP, Juan Ramón Molina Rodríguez, y ya fue detenida la gerente de la empresa Plasticards S.A., Liana María Mayorga Castillo. Ambos están acusados de defraudar al Estado por más de L18,547 millones. También se menciona a Francisco Roberto Cosenza, exdirector del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad.
Además, el ministro Duarte reveló una alarmante situación se están rastreando más de 3,000 vehículos que fueron adquiridos con fondos de la Tasa de Seguridad, pero de los cuales no existe registro de recepción, ubicación o registro en la Dirección Nacional de Bienes del Estado.
La razón, según el funcionario, es que aparentemente todas las compras que se hicieron eran secretos de Estado.
El ministro de Finanzas aclaró que, aunque el Tasón fue un mecanismo opaco en el pasado, las instituciones que hoy reciben fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional como el Poder Judicial, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad y programas para mujeres violentadas tienen sus presupuestos reflejados en el presupuesto de la república y en los portales de transparencia del estado.
Este escándalo subraya la complejidad de las redes de corrupción público-privada en Honduras y plantea serias preguntas sobre la responsabilidad de los actores involucrados. Mientras las investigaciones avanzan y la justicia internacional entra en acción, el gobierno actual busca desmantelar las estructuras que, durante años, permitieron el saqueo de fondos públicos bajo el pretexto de la seguridad.
La Tasa de Seguridad Poblacional es un ejemplo claro de cómo la corrupción en Honduras no fue un fenómeno aislado, sino que operó a través de un entramado sofisticado que involucraba tanto al sector público como al privado.
La acusación de que el COHEP no solo participó, sino que coadministró este fondo con el gobierno de JOH. Donde los intereses de grupos económicos influyeron en las decisiones de alta política para beneficio propio.
