En recientes declaraciones, Salvador Nasralla ha defendido la idea de sustituir la construcción de hospitales por el impulso de la telemedicina como una forma de modernizar el sistema de salud en Honduras. Sin embargo, más allá del discurso de eficiencia tecnológica, su planteamiento refleja una visión de recorte del gasto público y de debilitamiento del papel del Estado en la prestación de servicios básicos.

La propuesta de priorizar la telemedicina sobre la infraestructura hospitalaria no aparece de manera aislada. Durante un foro político, Nasralla ya había manifestado su intención de reducir la inversión estatal, bajo el argumento de combatir la corrupción y hacer más eficiente el uso de los recursos. Pero esta visión, al trasladarse al sector salud, abre la puerta a un modelo que desmantela lo público y favorece la privatización de los servicios esenciales.

En un país donde miles de personas deben recorrer largas distancias para acceder a atención médica, la falta de hospitales y centros de salud no puede resolverse solo con tecnología. La telemedicina puede ser una herramienta complementaria, pero no sustituye la infraestructura, el personal médico ni la atención presencial que requiere la población más vulnerable.

La apuesta por “menos Estado” en salud, presentada como una modernización, en realidad profundiza el abandono histórico del sistema público. En lugar de fortalecer la red hospitalaria, mejorar las condiciones laborales del personal sanitario y garantizar el acceso universal, se plantea un modelo que reduce la inversión social y traslada la responsabilidad a la iniciativa privada o al propio ciudadano.

El debate sobre la salud pública no debería centrarse en cuánto reducir, sino en cómo garantizar que cada hondureño reciba atención digna, accesible y de calidad. Apostar por la telemedicina sin fortalecer lo público no es innovación: es una forma más de justificar el retiro del Estado de sus obligaciones sociales.