El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través del Instituto Nacional Penitenciario (INP), ha intensificado el proceso de reestructuración del sistema carcelario nacional, con la eliminación de privilegios indebidos y el traslado masivo de privados de libertad considerados de alta peligrosidad hacia cárceles de máxima seguridad.

El titular del sistema penitenciario, General de Brigada Ramiro Fernando Muñoz, aseguró que las medidas buscan recuperar el control del Estado sobre las cárceles, proteger a la ciudadanía del crimen organizado que operaba desde los centros penales, y poner fin a años de impunidad, corrupción y privilegios dentro del sistema.

Cronología de los hechos

1. Evaluaciones internas y hallazgos:
Durante operativos recientes, se descubrieron módulos clandestinos de lujo en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán. Espacios diseñados para 40 internos albergaban solo a cinco reos que disfrutaban de televisores de plasma, aire acondicionado, refrigeradoras, camas matrimoniales, baños privados e incluso conexión Wi-Fi. Muñoz los comparó con “suites de hotel” y denunció que vivían mejor que el ciudadano promedio.

2. Reubicación de reclusos peligrosos:
Más de 6,000 privados de libertad han sido trasladados a recintos de máxima seguridad como parte de este reordenamiento. Según el general Muñoz, la selección se basó en criterios de peligrosidad, perfil criminal y vínculos con estructuras delictivas, incluyendo a reos con órdenes de extradición, como Darwin Orlando Ramos Díaz, solicitado por Estados Unidos.

3. Responsabilidades y sanciones:
El titular penitenciario confirmó la destitución de al menos 22 funcionarios por permitir la construcción y funcionamiento de los espacios VIP dentro del penal de Támara. “Administrar el centro es una obligación. Quienes no cumplan, se van”, sentenció Muñoz.

4. Reacciones y protestas:
Como respuesta a las medidas, reclusos del módulo de sentenciados 1 protestaron destruyendo colchones y cámaras de vigilancia. Algunos denunciaron en medios locales supuestas condiciones precarias, como falta de agua potable y colchones. Sin embargo, las autoridades señalaron que se están realizando adecuaciones temporales mientras se culmina el proceso de traslado.

Muñoz fue enfático en defender las acciones del gobierno, asegurando que “no se violan los derechos de los reos, se protegen los derechos de más de 10 millones de hondureños”. Cuestionó a sectores que “se preocupan más por las comodidades de quienes asesinaron, robaron o fueron narcotraficantes, que por las víctimas y la sociedad en general”.

“Los militares hemos puesto orden en el sistema penitenciario. Nadie quería enfrentarse a los delincuentes. Nosotros sí”, afirmó.

Las acciones del INP cuentan con el respaldo de la presidenta Xiomara Castro, quien ha hecho de la reforma penitenciaria una prioridad nacional en su estrategia contra el crimen organizado. Desde que asumió el poder en 2022, su gobierno ha impulsado una política de cero tolerancia a la corrupción dentro del sistema carcelario, articulando esfuerzos entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad.