El Secretario de Energía de Honduras, Erick Tejada, lanzó este viernes una fuerte denuncia contra un «oligopolio energético» que es manejado por tres de las diez familias más ricas en Honduras y que no pagan impuestos.
Estas familias influyentes del país, controlarían más de 1000 Megawatts (MW) de capacidad instalada y estarían ejerciendo presiones para evitar la democratización y descentralización del sector, señaló el funcionario.
Tejada advirtió que estas «mentalidades de mafia» intentan «manipular la opinión pública» y «boicotear» la próxima licitación de 1500 MW, la cual busca precisamente abrir el sector a más participantes y competencia.
Control del mercado y resistencia a la competencia
El titular de Energía fue enfático al señalar que estas tres familias «quieren controlar cada megawatt que ingresa al país», considerando el territorio hondureño como «su hacienda» y negándose a permitir la democracia en los procesos de licitación.
Esta situación, según Tejada, se traduce en una resistencia a la democratización y descentralización del sector energético, impidiendo la entrada de nuevos actores y una mayor competencia que beneficie a los consumidores.
¿Quiénes son?
Las tres familias de las que habla Tejada fueron señaladas en días recientes por el secretario de Finanzas Christian Duarte en la lista de las 10 familias ricas exoneradas de impuestos, estas son los Larach, Nasser Facussé y Kafie Larach.
Entre los miembros de estas familias están Adolfo y Luis Larach, Fredy Nasser, Schrucry Kafie entre otros.
Los Larach son una de las familias más influyentes de Honduras. Manejan una gran diversidad de negocios. En el campo energético intervienen a través del Grupo Inversiones y Representaciones Electromecánicas S. A de C. V (IRESA), compuesto por generadoras de energía geotérmica, térmica, carbón, hidroeléctrica y fotovoltaica.
En 21 años, explotaron 13 contratos de generación. Y sólo por 6 de ellos facturaron, entre enero de 2019 y julio de 2020, cerca de $148.8 millones.
El 20 de enero de 2014, en la sesión conocida como “diarrea legislativa” (la última presidida por Juan Orlando Hernández en la que se tramitaron, de una vez, decenas de contratos y decretos), el Congreso Nacional aprobó 52 contratos de energía renovable.
Según una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los acuerdos fotovoltaicos se suscribieron al precio más alto de América Central, $15 centavos por kilovatio generado, más incentivos de $3 centavos, cuando en Panamá en ese entonces, se adquiría por la mitad.
El año pasado (2024), el gerente de Coordinación Técnica de la ENEE, Christhian Sanabria, realizó una valiente denuncia contra el empresario Adolfo Larach, quien no permitió que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) conectara un transformador en el departamento de Valle, en el sur de Honduras, lo que provocaría apagones en el presente año.
Por su parte, Schucry Kafie y Freddy Nasser, potentados empresarios, encontraron en la ENEE el mayor de los negocios.
Según datos de la Secretaría de Finanzas, en solo un mes les pagó más de mil millones de lempiras a estos generadores de energía por la operación de los proyectos hidroeléctricos LUFUSA II, LUFUSA III, ENERSA III Y EMCE.
Desde el 2002, estos explotadores térmicos suscribieron contratos con el Estado, pasando de proyecto en proyecto, lo que causó una sobrevaloración de contratos que llevó a la estatal eléctrica a endeudarse con más de 75 mil millones de lempiras.
Gestión de la demanda histórica
El Secretario Tejada también destacó que, a pesar de haber heredado un déficit de 300 MW de generación, el país manejó exitosamente una demanda histórica de casi 2100 MW a finales de mayo, manteniendo 200 MW de reserva.
Afirmó que, aunque persisten algunos problemas, especialmente en distribución, la transmisión ha mejorado, y el verano se ha superado con «relativa calma», lo que la población «siente».
Finalmente, Tejada desestimó las críticas a la política energética por parte de organizaciones como la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), calificándolas de «activismo político para perjudicar al gobierno y defender intereses particulares que se han visto perjudicados».
