La reciente declaratoria del nivel presidencial emitida por dos consejeras propietarias y un suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE) desata los análisis jurídicos y políticos en diversos sectores.

El diputado Ramón Barrios y el embajador ante la FAO, Enrique Ortez, coincidieron en que la decisión de proclamar a Nasry Asfura de forma parcial y apresurada viola la Constitución y la Ley Electoral de Honduras.

La «Declaración Única»: el argumentos jurídicos contra el CNE

Antes de que se consumara la declaratoria en vísperas de Navidad, el diputado Ramón Barrios ya advertía sobre la ilegalidad de una «declaración parcial». Según el experto en derecho, la Ley Electoral establece que la declaratoria de elecciones es un acto único e indivisible.

«No puede haber una declaración para presidente y dejar pendiente la de diputados o alcaldes; es una unidad», explicó Barrios.

El legislador calificó la maniobra como una «división tramposa» diseñada para obtener el reconocimiento apresurado de los Estados Unidos y otros países aliados, ignorando miles de impugnaciones aceptadas que legalmente impiden cerrar el proceso.

Cuestionamiento a la «Clandestinidad» de las consejeras

Barrios arremetió contra las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, quienes han sesionado sin mostrar sus rostros, presuntamente desde una embajada.

«Las funcionarias públicas no pueden decidir ir a una reunión de pleno desde la clandestinidad. Eso es gravísimo», sentenció el diputado.

Incluso puso en duda la autenticidad de las voces en las sesiones virtuales: «Yo no tengo la certeza de que quien estuvo allí son las dos consejeras… la voz que escuché de López Osorio es idéntica a la que sale en los audios de la conspiración denunciada por Marlon Ochoa». Barrios respaldó el recurso de exhibición personal (habeas corpus) presentado por el Procurador General para constatar la existencia física y seguridad de las funcionarias, dado que están «jugándose el destino político de todos los ciudadanos».

Ultimátum: el Congreso listo para el reconteo «Voto por Voto»

El diputado Barrios fue enfático al señalar que LIBRE reconoce la victoria del ingeniero Salvador Nasralla según sus actas, y que no permitirán que el fraude se consolide. Advirtió que si al llegar al 31 de diciembre no existe una declaración legal y completa (incluyendo los tres niveles electivos y resueltas las impugnaciones), el Congreso Nacional asumirá su facultad constitucional.

«El Congreso Nacional y la Comisión Permanente, por un imperativo de la Constitución, asumirán el reconteo de votos y la declaración formal a partir del 31 de diciembre», aseguró Barrios, fijando como fecha límite el 26 de enero para concluir este proceso soberano.

Embajador Enrique Ortez: «El proceso todavía NO está concluido»

Desde el plano diplomático, el embajador Enrique Ortez reforzó esta postura a través de sus redes sociales, subrayando que la declaratoria actual carece de argumentos jurídicos.

«El CNE debe emitir, a más tardar el 30 de diciembre, las declaratorias de los otros dos niveles: diputados y alcaldes. Si no lo hace por actas pendientes o impugnaciones, el escrutinio deberá trasladarse a la instancia constitucionalmente competente», señaló Ortez, cerrando con un contundente: «¡QUE CONSTE!».

Resumen de los vicios jurídicos denunciados:

• Ilegalidad de fondo: La declaratoria presidencial se hizo sin resolver las 8,800 impugnaciones y los escrutinios especiales pendientes.
• Vicio de forma: Se rompió la unidad del acto único de declaratoria que exige la Ley Electoral.
• Injerencia: Se denuncia una «declaración forzada» para satisfacer presiones externas de Washington.
• Falta de transparencia: Sesiones virtuales sin verificación visual de los funcionarios responsables.