La comisionada del Sistema Nacional de Emergencias 911, Miroslava Cerpas, interpuso este lunes una contundente denuncia ante el Ministerio Público (MP) por supuestos delitos electorales cometidos durante los comicios generales de 2025.
Cerpas afirmó que la denuncia se sustenta en evidencia masiva que involucra directamente al crimen organizado, calificando los hechos como un ataque directo a la democracia.
A las 11:30 de la mañana estaré en el @MP_Honduras para entregar pruebas de cómo grupos del crimen organizado se apoderaron de centros de votación días antes y después de las elecciones, intimidando y coaccionando a la población para impedir el ejercicio libre del sufragio. 1/2 pic.twitter.com/WtniwHDerA
— Miroslava Cerpas (@miroslavacerpas) December 8, 2025
892 llamadas documentan la coacción
La funcionaria reveló que, solamente entre el 29 y el 30 de noviembre, la línea 911 recibió 892 llamadas que reportaban delitos electorales.
Cerpas aseveró que estas denuncias evidencian intimidación, coacción y amenaza del crimen organizado a nivel nacional para impedir que la población ejerciera libremente el sufragio.
Cerpas detalló a los periodistas las graves anomalías denunciadas por la población:
- Amenazas de Muerte: Ciudadanos denunciaron ser amenazados de muerte, ellos y sus familiares, si ejercían el sufragio a favor del Partido Libre.
- Vestidos de Observadores: Grupos de maras y pandillas vestían chalecos de observadores para verificar por quién votaban los ciudadanos.
- Impedimento del Sufragio: Grupos criminales quitaron el Documento Nacional de Identificación (DNI) para impedirles votar.
- Desplazamiento Forzado: A otros ciudadanos se les dieron tres días para abandonar sus hogares si votaban por la oposición.
La coordinadora del 911 indicó que la denuncia no solo incluye el terrorismo electoral, sino también información sobre «compra-venta de votos a cambio de droga y libertades.»
Pruebas con audios y cadena de custodia
Miroslava Cerpas indicó que, como funcionaria, su deber es no guardar silencio ante un hecho de esta magnitud.
Aseguró que las pruebas entregadas al Ministerio Público están divididas por departamentos y ciudades, e incluyen los audios originales de las llamadas como medios de prueba, garantizando además la cadena de custodia de la evidencia.
Esta denuncia masiva formaliza las acusaciones previas de que estructuras criminales de alta conflictividad habrían operado en ciudades clave como San Pedro Sula y Comayagüela, coaccionando a votantes para forzar el apoyo a candidatos específicos del bipartidismo tradicional.
