Las recientes propuestas de los presidenciables del bipartidismo hondureño reavivan un viejo debate nacional: ¿por qué insistir en fórmulas que históricamente no han funcionado? Entre las ideas que han resurgido en el discurso político se encuentran la reducción de salarios, la privatización de servicios públicos y el recorte de la inversión estatal. Medidas que, aunque presentadas como estrategias para atraer inversión y mejorar la economía, en la práctica han significado más pobreza, precarización laboral y concentración de la riqueza en pocas manos.
Durante las últimas décadas, las políticas impulsadas por los gobiernos tradicionales han seguido un patrón común: favorecer al gran capital bajo la promesa de crecimiento económico que nunca llega a la mayoría. Las privatizaciones en sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones o el agua no se tradujeron en mejoras para la población, sino en el encarecimiento de los servicios y en el debilitamiento del Estado. De igual forma, los intentos por reducir la inversión pública y abaratar la mano de obra no generaron empleos de calidad, sino que consolidaron un modelo dependiente de salarios bajos y beneficios fiscales para las grandes empresas.
Hoy, las propuestas de los aspirantes del bipartidismo parecen insistir en ese mismo camino. Hablar de “ajustar salarios” o “racionalizar el gasto público” en un país donde más del 60 % de la población vive en pobreza y donde millones de trabajadores apenas sobreviven con el salario mínimo, equivale a ignorar la realidad de quienes más sufren las desigualdades estructurales. Estas ideas, lejos de ser innovadoras, responden a una lógica neoliberal que prioriza el lucro del sector empresarial sobre el bienestar colectivo.
Diversos analistas sostienen que los grandes beneficiados de estas políticas no son los trabajadores ni las familias hondureñas, sino las élites económicas que han acumulado poder y riqueza a costa del debilitamiento del Estado y la explotación laboral. La historia reciente lo demuestra: mientras el país experimenta una de las brechas de desigualdad más amplias de América Latina, los sectores más privilegiados continúan incrementando sus ganancias.
El discurso del “desarrollo mediante la inversión privada” se ha convertido en una constante justificación para sacrificar derechos laborales, limitar la participación del Estado en la economía y entregar los recursos públicos a intereses particulares. Sin embargo, las cifras son contundentes: la pobreza y la informalidad no se reducen, y la mayoría de la población continúa excluida del supuesto “progreso” que estas políticas prometen.
A medida que avanza la contienda electoral, resulta cada vez más evidente que las propuestas del bipartidismo siguen una misma línea: proteger los intereses de las élites empresariales bajo un discurso de modernización y eficiencia económica. Pero detrás de esas promesas se esconde la continuidad de un modelo que hace al pobre más pobre y al rico más rico, perpetuando la desigualdad que ha marcado la historia del país.
Honduras enfrenta el reto de romper con esa inercia y pensar en un modelo que priorice la justicia social, la inversión pública productiva y el fortalecimiento del trabajo digno como motores del desarrollo. De lo contrario, las viejas recetas del bipartidismo seguirán ofreciendo los mismos resultados: un país dividido entre quienes todo lo tienen y quienes luchan cada día por sobrevivir.
