El diputado y subjefe de bancada del Partido Nacional, Nelson Javier Márquez Euceda, comparece este martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la audiencia de declaración de imputado, luego de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal por un desfalco superior a los 3,000 millones de lempiras.
La audiencia se realiza bajo el procedimiento especial para altos funcionarios, con un juez natural designado por la CSJ, como lo establece el Código Procesal Penal.
Márquez está señalado como pieza clave en una red de corrupción estructurada dentro de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS). Durante su paso por la institución y como legislador, habría facilitado contratos ilegales con las empresas DRC Inc. y NAINSA, utilizando un laudo arbitral declarado nulo desde 2009.
Según el Ministerio Público, los involucrados simularon procedimientos judiciales y administrativos para desviar fondos públicos a cuentas personales, destinándolos a pagos de hipotecas, bienes privados y operaciones ilícitas.
Junto a Márquez, también enfrentan investigación:
- Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS
- Reynaldo Esaú Gradys Vilorio, juez
- Juan Fernando Madrid Lezama, representante legal de NAINSA
- Caronte Rojas Zavala, exmiembro del tribunal arbitral del CAH
- Y otros cinco exfuncionarios de alto nivel
PERFIL DE MÁRQUEZ: DE OPERADOR POLÍTICO A ACUSADO DE CORRUPCIÓN
Conocido por su cercanía con el expresidente narcotraficante Juan Orlando Hernández y su papel como gerente político de la campaña de Nasry “Tito” Asfura, Nelson Márquez ha sido una figura visible del Partido Nacional, especialmente en el occidente del país. Durante su gestión como gobernador de Intibucá, fue denunciado por activistas sociales como represor, instigador de campañas de odio y promotor de persecución política, utilizando recursos estatales para reprimir a la oposición.
Organizaciones de derechos humanos lo han señalado como actor político que utilizó call centers financiados con fondos públicos para difamar, amenazar y perseguir a líderes sociales en la zona, generando un clima de impunidad y violencia institucional.
La audiencia de imputado marca el inicio formal del proceso judicial, el Ministerio Público ha solicitado medidas cautelares y se espera que en los próximos días se resuelva si Márquez será remitido a prisión preventiva. La sociedad civil y organizaciones anticorrupción exigen una investigación seria, sin impunidad ni privilegios políticos.
Mientras el Partido Nacional ha denunciado una supuesta “persecución política”, sectores vinculados al oficialismo y analistas independientes consideran que este proceso es una prueba del compromiso del gobierno de LIBRE con la lucha contra la corrupción.
“Nadie se va sin pagar lo que debe. Se enoje quien se enoje”, expresó un vocero del oficialismo al ser consultado por medios.
El caso Nelson Márquez no es un hecho aislado. Es parte de un sistema de corrupción enquistado durante años en la administración pública, particularmente bajo gobiernos nacionalistas. La audiencia de hoy es un paso importante hacia la rendición de cuentas y podría marcar un precedente para otros casos similares.
