La sombra del fraude electoral se cierne sobre los próximos comicios generales en Honduras, según denuncias de altos funcionarios del gobierno que señalan al bipartidismo de intentar desviar la atención para en la oscuridad instalar su plan de manipular el proceso de divulgación de resultados en los próximos comicios generales.
El director de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto Cálix y el gerente de Coordinación Técnica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Christhian Sanabría, alzaron su voz, recordando el objetivo del bipartidismo de instaurar en el Consejo Nacional Electoral (CNE) el fraudulento sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Cálix fue contundente al afirmar que la situación de la consejera Ana Paola Hall es un «problema interno del bipartidismo», pero que la verdadera preocupación radica en la «intromisión humana en la divulgación de resultados a través del TREP al propio estilo de Matamoros Batson», refiriéndose a modelos fraudulentos de elecciones pasadas (2013 y 2017).
«No pretendan distraer al país con ‘show de poca monta’ y persistir en modelos fraudulentos», sentenció Cálix, haciendo un llamado a respetar los artículos 10 y 34 de la Ley Electoral.
La renuncia o no de Ana Paola Hall, la elección o no del nuevo Consejero en el CNE es un problema interno del BIPARTIDISMO, basta con que respeten la ley y procesos (Artículos 10 y 34 de la Ley Electoral).
— Fausto Cálix (@FaustoCalix) July 23, 2025
Lo que no es un problema interno, sino de toda una nación es el FRAUDE…
En la misma línea, Sanabría criticó lo que considera un «comunicado irrisorio y mal escrito» del Partido Liberal, cuestionando la validez de sus argumentos sobre la renuncia de Ana Paola Hall y la elección de un nuevo consejero.
Sanabría enfatizó que la demora en el CNE no se debe a la falta de un nuevo nombramiento, sino a que la consejera presidenta, Cossette López-Osorio, «no quiere convocar a pleno para enmendar las ilegalidades que el bipartidismo pretende meter en la divulgación de resultados para hacer fraude».
Andan perdidos con este comunicado irrisorio y mal escrito los mapaches del Partido Liberal.
— Christhian Sanabria (@ChristhianSana) July 23, 2025
¿A cual puesto vacante se refieren si no ha formalizado la renuncia Ana Paola?.
¿Por qué dicen que la demora pasa por no elegir a Jhosy Toscano?
Aún hay 3 consejeros propietarios y… https://t.co/PGnmAIutsU
Las declaraciones de ambos funcionarios se respaldan en la Ley Electoral de Honduras. Según el Artículo 279, el CNE debe aprobar por consenso, y seis meses antes de las elecciones generales, los medios y lineamientos para la divulgación de resultados preliminares.
Este hito fue cumplido el 29 de mayo por unanimidad del Pleno. Sin embargo, el 15 de junio, las Consejeras López-Osorio y Hall, aprobaron por mayoría los pliegos de condición del TREP, modificando lo previamente acordado.
Esta acción es calificada de ilegalidad, dado que la ley establece que la divulgación de resultados debe ser continua y sin restricciones, y no contempla una segunda verificación.
Los únicos autorizados para validar los datos de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) son sus propios miembros, quienes realizan la verificación previa a la transmisión.
Además, los funcionarios estatales, incluyendo los consejeros, no tienen la facultad de crear nuevos organismos electorales.
La Ley Electoral de Honduras, en su Artículo 32, reconoce únicamente cuatro organismos: el CNE, el CDE (Consejo Departamental Electoral), el CME (Consejo Municipal Electoral) y las JRV.
La creación de un organismo que realice una segunda verificación es vista como una acción ilegal y un delito electoral, según la denuncia. La única entidad facultada para revisar, verificar y validar un resultado es el CNE mediante una junta especial de verificación y recuento.
El modelo de verificación centralizado es tildado de ser una copia del «modelo Batson» de 2013 y 2017, con la intención de que «dos activistas en Tegucigalpa decidan qué acta se contabiliza y qué acta no».
La meta, según los denunciantes, sería anunciar una «tendencia irreversible» a favor de los candidatos del bipartidismo a las 9:00 de la noche del 30 de noviembre en cadena nacional.
Finalmente, se señala que el proceso de contratación del TREP necesita una enmienda para retomar la legalidad institucional, amparándose en el Artículo 105 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, que permite al órgano contratante formular aclaraciones sustanciales o corregir errores.
El acuerdo adoptado por mayoría por las Consejeras se considera inválido, conforme al Artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece la nulidad de cualquier acto administrativo cuyo objeto configure un delito, o que incurra en infracción del ordenamiento jurídico y exceso de poder.
